El convenio firmado entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para la organización, instalación y funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, no contempla que esta Comisión sea controlada por un funcionario del Organismo Ejecutivo de nuestro país.

Las razones están inmersas en la letra y el espíritu del convenio, porque la Comisión y el Ministerio Público no funcionarían bien si quedan bajo tutela oficial de Guatemala.

Porque también está probado que no obstante los procesos pasados y actuales, la burocracia no está libre de que algunos de sus elementos caigan en la tentación de delinquir en la creencia de que su conducta impropia pasará inadvertida.

La población tiene a la vista numerosos procesos penales contra prominentes personalidades de pasados gobiernos que deliberadamente cometieron delitos o hechos con apariencia de delito, los cuales han sido investigados exhaustivamente.

A tal punto las partes firmantes del convenio quisieron dar a la Comisión una total independencia funcional que establecieron un sistema de financiamiento ajeno a las fuentes financieras de los tres organismos guatemaltecos del Estado.

La Cicig se sostiene con fondos provenientes de Gobiernos donantes, entre los cuales se cuenta Suecia, cuyo reciente aporte de nueve millones de dólares causó gran roncha en el cotarro político oficialista, al punto de que intentó echar de Guatemala al embajador sueco para después acentuar el acoso contra la Cicig y el comisionado Iván Velásquez.

¿Por qué la ONU dejó al Gobierno de Guatemala fuera de la Comisión?

Porque durante las pasadas diez décadas el Gobierno no pudo o no quiso solucionar el problema de la criminalidad oficial ni el de la criminalidad privada, sostenida, financiada y dirigida en la sombra por el Gobierno, y por el contrario se convirtió en parte del problema, como el Ministerio Público y la Cicig lo han puesto en evidencia.

Tres presidentes de la República, una exvicepresidenta, presidentes y diputados del Congreso, jueces y magistrados, una expresidenta del Organismo Judicial y otros funcionarios y empleados públicos —en el ejercicio de sus cargos o ya fuera de ellos— han sido investigados, procesados y no pocos ya se encuentran en prisión preventiva a la espera de la primera sentencia, además de los que ya han sido condenados.

Necesario es recordar entonces que entre los condenados han figurado ministros de Gobernación, y otros funcionarios más, aprehendidos en el ejercicio de sus cargos o cuando ya dejaron de ser funcionarios, porque esos ministerios en el pasado inmediato han sido fuentes de corrupción y criminalidad.

Un exministro de Gobernación tiene catorce años de estar prófugo de la justicia, oculto en alguna parte del mundo, nadie ha podido localizarlo y el Estado ha abandonado el caso.

¿A quién se le ocurre entonces la idea de que uno de esos funcionarios maneje las investigaciones cuando, eventualmente, ese mismo funcionario podría —lo digo solo como un imaginario ejemplo y no estoy pensando en el actual ministro— ser investigado en un futuro próximo por hechos punibles?

Pero, la fiscala general, abogada María Consuelo Porras, parece estar dispuesta a hacer que el poder político respete la autonomía funcional de su importante cargo. Su actitud da un toque de esperanza al país, en medio del pesimismo que crea la idea de que la corrupción y el crimen no tienen remedio y que Guatemala nunca podrá dejar de ser un Estado gravemente enfermo sin recuperación posible.