El Congreso se encuentra, de nuevo, en el ojo de la tormenta, pues le toca coordinar el esfuerzo de implementar reformas en varias leyes, a fin de atender, por no decir apaciguar, la ola de protestas en contra de la corrupción que ya se acerca a su séptima semana y no tiene visos de ceder.

El impulso de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, largamente pospuestos por todos los partidos representados, resulta ahora ser una de las prioridades, con la cual se intenta darles un pequeño dulce a los miles de descontentos, quienes, por supuesto, no se conformarán con nimiedades.

Sin embargo, el hecho de haber puesto al más desprestigiado de los organismos del Estado a cargo de recopilar y dirigir tan añorados cambios no parece haber sido un paso certero, pues a juzgar por las primeras acciones emprendidas por la partidocracia, todo apunta a que la expectativa nacional chocará con las tácticas dilatorias, acuerdos bajo la mesa y entuertos legales que han caracterizado a los legisladores, se trate de aquellos con larga y cuestionada carrera parlamentaria o de los decepcionantes primerizos.

La Conferencia Episcopal, a través de su comunicado Nos duele Guatemala, puso el dedo en la llaga, al referirse a la actual legislatura como un organismo con evidente incapacidad, por ineptitud y malicia, para generar cambios efectivos. En general fue señalada la clase política del país, por su incapacidad dialógica, comportamiento caudillista y vacío ideológico.

El pasado jueves se instalaron las mesas que deberán discutir reformas a las leyes de Contrataciones del Estado, de Servicio Civil y Electoral y de Partidos Políticos, al tiempo de coparticipar de una reforma al sistema de justicia, objetivos que se avizoran difíciles y de grave conflicto de intereses para los diputados, ya que todas esas normativas, de ser cambiadas en favor de la transparencia, golpearían no solo sus vías de financiamiento, sino también el perverso incentivo de ofrecer plazas a cambio de votos o el contar con injerencia en decisiones judiciales.

Los cambios legales son importantes, urgentes e impostergables, por lo que la población no debe quitar el dedo del renglón ni la lupa a los congresistas, para que estos no se confundan ni traten de dilatar, manosear o incluir cláusulas truculentas a su favor, pues el país está urgido de normas que obliguen a todos los ciudadanos, pero especialmente a los políticos, a manejarse con mayor transparencia, a ceñirse a los presupuestos asignados y a dejar de hacer ofrecimientos aventurados tan solo con el afán de acceder al poder para abusar de él.

En cuanto al presidente de la República, que ahora intenta limpiar su imagen, opacada por los escándalos de corrupción encabezados por sus principales allegados, debería limitarse a dejar abierto el campo para las reformas y, en todo caso, ser un claro colaborador para encontrar soluciones convincentes a la encrucijada, pues en el actual momento su figura ha quedado muy deteriorada, sobre todo cuando sus colaboradores lo han abandonado y su gente de confianza incurrió en terribles afrentas al erario y a la inteligencia de quienes sostienen a este Estado.