Lo que se ha descubierto en el IGSS y la SAT es apenas el espolón de esa letal galera que tripulan funcionarios de gobierno. A raíz de estos descubrimientos, que se venían denunciando por años sin que las autoridades les pusieran atención, se han comunicado conmigo algunas personas que son proveedoras del Estado. Casi sin excepción, están pendientes de la liquidación de contratos o pago de suministros, y el común denominador es que, para que les salga el cheque, tienen que ponerse firmes con un porcentaje que oscila del 30 al 40%. Mi sugerencia es que se junten y vayan a denunciar estos extremos al Ministerio Público, con nombre y apellido de los mordelones, que ya descaradamente exhiben sus signos externos de riqueza, aviones, helicópteros, fincas, turicentros, caballos andaluces, carros como Maserati, Lambnorghini, Porsche, etc. En esta letal galera van subidos todo tipo de funcionarios, desde un notificador de juzgado hasta los más altos mandos de la nave. Por supuesto, los vientos que hacen que las velas impulsen están alimentados por corrompedores de otros sectores y algunos de ellos no se atreverían a la denuncia por sobrevaloraciones de los insumos o contratos.

El Lago de Amatitlán es un ejemplo de lo que pasa en el país. Allí la corrupción llegó al colmo, y mientras se echaba un líquido sobrevalorado, por el otro lado las alcaldías se encargaban de seguirlo llenando de desechos de las cloacas sin ningún tratamiento, de basura y permitiendo que industrias, rastros y otros negocios tiren sus desechos a la cuenca sin control, y así tenemos todo el país sin controles, o poniendo un exceso de ellos, para aumentar la burocracia y el número de mordelones.

Por supuesto, esta coyuntura ha sido aprovechada para que algunos lleven agua a su molino, como es el caso de los socialistas, izquierdistas o como se les quiera llamar, que pretenden que renuncie el presidente para montar un nuevo esquema en el que ellos serían los dominantes, ya que definitivamente saben que por la vía del sufragio están perdidos. Ellos pretenden romper el orden constitucional y así lograr sus propósitos. La institucionalidad del país debe seguir. Lógicamente no puede seguir como está, pero aquí la labor del aparato judicial debe mejorar en lo que a investigaciones se refiere.

Llora sangre que un juez dicte arraigo contra los abuelos y los hijos de Cristina Siekavizza porque el acusado lo exige. Amolados estamos. Ahora los reos van a pedir el arraigo de los agraviados por sus delitos. ¿La resolución de este juez formará jurisprudencia? ¿Para qué sirve la Inspectoría de Tribunales? Para nada, los jueces hacen los que se les da la gana y los códigos procesales, Penal, Civil, Mercantil los usan de papel higiénico.

Veamos cómo las cosas las hacen mal. ¿Dónde estaba la Cicig en el caso del Lago de Amatitlán? ¿Por qué hasta ahora se dicta arraigo contra Roxana Baldetti? ¿Qué dicen ahora los de la Cicig de que la eximieron de toda culpa? ¿Le van a entrar al caso o se lavarán las manos?

Quisiéramos ver las investigaciones en todas la instituciones de Estado, pero ya, y no dar lugar a que todo el mundo esconda pruebas, mande su botín a paraísos fiscales. ¿Existirá la voluntad de enfrentarse al monstro de la corrupción con firmeza?

Necesitamos que se investiguen hechos como es sucedido en La Puya, donde los agresores actúan con toda impunidad en una confabulación entre MP, PNC y tribunales.

Yo creo que la manifestación de esta tarde deberá ser enfrente del Ministerio Público, de la Torre de Tribunales y del aletargado Congreso, el objetivo principal es deshacer cuanta Línea exista; no podemos seguir igual.

hupretij@hotmail.com