Viniendo de este gobierno, que ya acumula suficientes antecedentes de buscar ocultar muchas acciones de la gestión pública, no suena para nada raro que este decreto, a estas alturas de la administración, constituya un aporte o un avance, ni mucho menos que se intente proteger información estratégica.

Diversos sectores se han pronunciado en contra de esta nueva aberración gubernamental que en nada favorece al Gobierno, y ayer lo hizo el procurador de los Derechos Humanos, al criticar duramente ese acuerdo y  solicitar  su pronta anulación, con la advertencia de que enderezará acciones legales.

Si este acuerdo no es derogado de inmediato, no solo permitirá sino que a la vez avalará una nueva expresión de ilegalidad, pues ninguna disposición ministerial puede ser superior a normativas de mayor jerarquía, como la Constitución de la República,  la Ley de Emisión de Pensamiento y tratados internacionales de derechos humanos que tienen preeminencia.

Este nuevo intento por restringir información  solo abona en el desgaste gubernamental, pues durante la actual administración  se ha pretendido, con diversas medidas, reducirle espacios a la práctica periodística, lo cual ocurre ante  un ejercicio público opaco, donde muchas de las adquisiciones del Estado han sido de las más oscuras y  se ha violentado la Ley de Compras y Contrataciones. Precisamente el Ministerio de Gobernación es una de las entidades que más han incurrido en  compras  millonarias con  aportes de los contribuyentes, en las que se evaden las licitaciones.

Si a partir de ahora se pretende proteger información relativa a contratos, convenios, acuerdos, resoluciones o datos estadísticos que puedan ser de interés general, cabe aclarar que ello pone en riesgo el acceso irrestricto a  las fuentes de información y a todo acto de la administración pública. También se facilitan las manipulaciones para limitar información de actos sospechosos de tráfico de influencias, como las recientes denuncias de viajes de funcionarios del actual gobierno  a Brasil,  que pueden quedar ocultos gracias a esos nuevos criterios.

De hecho, la actual Ley de Acceso a la Información  ha sido manipulada para obstaculizar la obtención de datos públicos o los plazos ahora son mucho más engorrosos que antes para que se proporcionen. Si a ello se suma la integración de un consejo que dictaminará sobre  el carácter público o confidencial de determinados datos,  adquisiciones o contrataciones, se estará dando un paso en favor de la discrecionalidad y al uso de legalismos para esconder lo que por derecho debe estar a la vista de los ciudadanos.