Uno de los mayores daños que se puede hacer a cualquier sistema democrático, con pleno estado de Derecho, es cuando quienes tienen que velar por el cumplimiento de las leyes se ven involucrados, de manera involuntaria o no, en dirimir querellas cuyo contenido se puede prestar a confusión o, peor aún, brindar a oscuros sectores la oportunidad para coartar libertades plenamente garantizadas en el marco constitucional.

Este es un riesgo latente en nuestro actual estado de cosas, que no debe ser tomado a la ligera, pues de nuevo se han acrecentado las expresiones de esta intolerancia, a raíz de espurias demandas en contra de periodistas y medios de comunicación.

Una de ellas es la que se produjo el pasado martes, en Quetzaltenango, cuando agentes del Ministerio Público citaron al director editorial de elQuetzalteco, para interrogarlo sobre una denuncia penal que contra él había planteado Irma del Rosario Sajquim Ixcot, una señora que figuró en propaganda del partido Líder bajo otro nombre, pero cuyo mensaje claramente perseguía tener visos de realidad.

En los argumentos de la denunciante se dice que se encuentra vulnerable, que su salud física se ha deteriorado y que se siente ofendida por los ataques en redes sociales luego de la publicación de reportajes, y por ello plantea una demanda por supuestos delitos de discriminación, coacción, violencia contra la mujer en su manifestación sicológica y coacción conta la libertad política.

El caso tiene todo el aroma de ser acicateado por parte de políticos intolerantes a la crítica y que mediante ataques a los medios de la provincia buscan desgastar cualquier espíritu de fiscalización, de opinión e información libre, los cuales constituyen un tesoro ciudadano que se debe proteger, sobre todo cuando está en marcha un proceso electoral, en que más abundan las falacias, las medias verdades y los datos inexactos con el fin de ganar credibilidad mediante la propaganda falaz.

Sería muy lamentable si detrás de esta denunciante se encuentran las más altas autoridades del partido Líder, porque no solo estarían evidenciando su aversión hacia la Prensa, sino incluso estarían al borde de un despropósito al pretender descalificar una crítica periodística que no solo está bien fundamentada, sino que lleva todas las de ganar, pues en todo caso la tal dramatización de su campaña política fácilmente puede ser calificada de una serie de mentiras y no lo que una agrupación seria debería promocionar.

A esta clase de hechos se suma la reciente denuncia planteada por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco en contra de personeros de Prensa Libre, otra medida descabellada, que vulnera la Ley de Emisión del Pensamiento, que busca criminalizar la labor periodística de este diario acudiendo a instancias que no son las adecuadas para ventilar divergencias de información y opinión.

Pero, claro, estos despropósitos solo pueden ser posibles si caen en las manos de funcionarios que, por ignorancia o por favores políticos, puedan darle trámite a acciones que son improcedentes por la vía penal.