Las autoridades encargadas de la seguridad interna presentaron ayer el nuevo modelo de Política Criminal Democrática, lo cual se traduce en que durante las próximas dos décadas, por lo menos, el combate del crimen se fundamentará en dos ejes: la prevención de los delitos y la reinserción de los privados de libertad.

La idea es novedosa, aunque para nuestro caso llega más bien con rezago, y lo primero que debe asumirse es que aquí la conducta delictiva ha estado incrustada dentro de las estructuras públicas y quizá por ello una iniciativa de esta naturaleza ni siquiera habría cabido esperarla en los años anteriores, porque no existía el más mínimo interés.

Esto mismo debe llevar a las autoridades encargadas de asumir este nuevo reto a empezar por casa y comprender que buena parte de los hechos delictivos empiezan en muchas de las instituciones públicas, como por ejemplo en la Policía Nacional Civil, donde las destituciones y constantes capturas de agentes evidencian el cáncer que corroe la institucionalidad y que es la primera amenaza por vencer.

Cualquier reto en esa materia debe tener meridiana claridad sobre tal lacra, que aunque sea en menor medida también afecta al Ministerio Público, donde se han dado capturas recientemente. Esto es más importante porque estas son instituciones determinantes en cualquier emprendimiento contra la criminalidad, y lo menos que se puede esperar es una profunda purga en estas y otras entidades.

Una siguiente etapa, en consonancia con la de idea de la prevención, es que Guatemala debe darle sentido al término democrático, lo cual implica que las fuerzas de seguridad ciudadana deben operar cada vez más solo con personal civil, para que de manera paulatina las fuerzas castrenses que participan en numerosos operativos se concentren en su misión.

Este es un reclamo que organismos e informes internacionales han planteado frecuentemente, y así debe ser, para que la misma institucionalidad se fortalezca dentro de los cánones de una auténtica democracia.

Es necesario superar la imagen negativa de que el país funciona en muchas de sus instancias bajo una virtual militarización, como se constata cuando se sale del principal aeropuerto, al punto que provoca la inevitable pregunta de quienes visitan el país por primera vez y por ello inquieren sobre el estado en que vivimos.

Esto también debe implicar el desaparecimiento de los retenes policiales, que son motivo de zozobra entre la población y ni siquiera ahuyentan a la delincuencia, que encuentra facilidades para burlar esos cercos, y lo más grave es que un par de agentes pueden establecer un puesto de registro, convertido muy pronto en un punto de exacción.

La reinserción, que es otro de los objetivos planteados, solo será exitosa cuando cambie el paradigma de creer que la construcción de más cárceles constituye la solución contra la criminalidad. En todo caso, a lo que debería apuntarse es a reducir la población reclusa, porque su manutención tiene un elevado costo y la historia reciente nos ha demostrado que eleva la corrupción.