El caso Fifagate, como ya ha comenzado a llamarle la prensa internacional, tiene un particular interés para Guatemala, como consecuencia de que uno de los acusados es el abogado Héctor Trujillo, ya capturado en Estados Unidos y quien tiene una larga carrera que puede ser considerada poco transparente en el deporte, pero que además, ahora, ocupa una magistratura suplente en la Corte de Constitucionalidad (CC), de la cual debe renunciar o ser separado de inmediato.

Trujillo, de origen petenero, tiene una carrera profesional discutible y fue muy directa su relación con el gobierno de Colom. Por ello recibió el apoyo de Sandra Torres, entonces de Colom, para llegar a la magistratura suplente de la CC, donde ha hecho equipo con la presidenta de ese ente jurídico político, Gloria Patricia Porras, quien decidió el “bono revolucionario” para quienes laboran en la institución, que solo un magistrado rechazó y el resto debió hacerlo debido a la presión mediática y popular generalizadas.

El presidente de la Fedefut, Bryan Jiménez —otro acusado, prófugo—, dejó entrever que se allanaría a las investigaciones para esclarecer los hechos. Pero las autoridades estadounidenses son especialmente cuidadosas al revelar los casos que investigan, y si este ya tiene en prisión a varios funcionarios del futbol internacional, como Joseph Blatter, no tiene nada de particular que los señalamientos contra los guatemaltecos se hagan con fundamento pleno, tal y como ocurre en otras latitudes.

Es importante analizar los aspectos extradeportivos de este caso. La Corte de Constitucionalidad no puede estar integrada, ni siquiera en una de sus suplencias, por alguien sobre quien caen semejantes sospechas y acusaciones. Por ello es necesario y urgente que la sociedad civil, así como el Colegio de Abogados, los demás integrantes de la CC y la Usac, que lo apadrinó, le exijan la renuncia inmediata o hagan funcionar cualquier mecanismo interno para separarlo del cargo que ejerce.

A lo interno, los guatemaltecos han comenzado a expresar su sentir sobre este penoso tema, uno más de los tantos vividos en el ya casi terminado 2015. El asunto también involucra la forma como la televisión abierta de Guatemala obtuvo la autorización para transmitir partidos futbolísticos con exclusividad. Queda en el ambiente la posibilidad de que haya sido, como en otros lugares del mundo, de forma irregular y mediante sobornos y arreglos bajo la mesa, es decir, una de las acusaciones que presentaron las autoridades federales estadounidenses.

Por lógica, alguien que en un momento es acusado de corrupción en el ámbito deportivo y que tiene una tarea de juez constitucional pone en entredicho las decisiones de la CC guatemalteca. El asunto obliga a analizar la transparencia de los fallos en los que Trujillo participó directamente, además de investigar las actitudes serviles de las autoridades deportivas a la televisión abierta, que constituyen una negación al derecho a la información y la libre competencia. Al salir la podredumbre a la luz pública a nivel mundial, no actuar como obliga la ética convierte en cómplices a quienes lo hagan. Estos descubrimientos dejan sinsabores pero ayudan a mantener la esperanza de que las instituciones sean depuradas.