RESULTA SORPRENDENTE la resolución de la Organización de Estados Americanos, al respecto de la situación actual previa a las elecciones de Guatemala. La entidad interamericana se colocó en una interpretación equivocada de la causa de las sugerencias sobre realizarlas después de cambios mínimos pero fundamentales a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Nadie está proponiendo una “ruptura del orden constitucional”, lo cual ocurriría si por cualquier motivo es alargado el período presidencial. Pero cambiar las fechas de la primera y segunda vueltas es, a mi juicio, una condición indispensable precisamente para lograr ese “proceso electoral libre y transparente” señalado en la publicación de ayer en la prensa guatemalteca.

POR APARTE, NO TIENE base su apoyo al gobierno de Guatemala “en la consolidación de la democracia y en su lucha frontal contra la impunidad”. Esto, simplemente, no es así. La recomendación a los sectores guatemaltecos de ejercer “un papel constructivo y equilibrado para fortalecer la democracia”, a mi criterio no se logra con las acciones realizadas por los políticos y diputados actuales, pues muchos de ellos tienen cuentas con la justicia, carecen de finiquitos, y son cuestionados. Diversos grupos de ciudadanos, aunque de forma desorganizada y cada quien por su lado, han hecho uso de los mecanismos tanto a nivel constitucional como también legal, y con ello en realidad sí se logra llegar a esa meta de fortalecimiento democrático.

UNO DE ESOS GRUPOS solicitó un amparo a la Corte de Constitucionalidad porque en los últimos doce años los congresos han incumplido el artículo constitucional 171, y entonces, al caer en incumplimiento de deberes, no podrían ser inscritos como candidatos. Ello incluye a aspirantes a la Presidencia, al Congreso y a las alcaldías municipales en todo el país. La CC debe pronunciarse al respecto, porque de su veredicto dependerá en mucho la manera como se desarrollarán los comicios. No se puede calificar a la petición de una maniobra politiquera, porque la Constitución debe ser cumplida y en algunos casos no hay espacio para las interpretaciones. Recurrir a la CC no puede considerarse una ruptura del orden constitucional.

MIENTRAS TANTO, EN EL PAÍS siguen las sorpresas. Según declaró ayer Iván Velásquez, de la Cicig, el presidente Pérez Molina por el momento no está sujeto a investigaciones. Circuló un documento en el cual se señalaba como un error fundamental la fecha del 16 de abril de 2014, en vez de 2015, en la solicitud de antejuicio contra el gobernante. La comisión investigadora del Congreso no parece estar muy preocupada en decidir al respecto en tiempo corto. El tránsito vehicular es interrumpido por quienes detienen a los vehículos para preguntar a los conductores si están de acuerdo con pedir la renuncia del presidente. El TSE tiene la brasa de decidir si hace a un lado a los partidos cuyo gasto propagandístico supera lo permitido por la ley.

LA OEA, EVIDENTEMENTE, se fija en la forma, no en el fondo. Olvida o no quiere tomar en cuenta la posibilidad de resultados electorales democráticos engendradores de gobiernos antidemocráticos, dispuestos en verdad a romper las leyes y el orden constitucional. Guatemala es un caso muy complicado, porque su sociedad no tiene comparación en muchos asuntos. Para salvar la democracia es necesario arreglar asuntos de fácil solución en la Ley Electoral. Todo este espectáculo, causante de depresión, esperanza, frustración, etcétera, se debe pensar un poco más allá y levantar la vista a las posibilidades futuras inmediatas, mediatas o a largo plazo. La Constitución debe prevalecer, pero necesita decisiones de Estado. La OEA no las propone.