Nuestra principal noticia de ayer hizo público un tema poco conocido que no recibe atención, o al menos no en la cantidad necesaria: la injusta permanencia en las prisiones de personas que ya han cumplido sus condenas. A esto se deben agregar los casos de quienes han quedado absueltos de las acusaciones pero no han sido notificados por descuido de los jueces y demás personal de los juzgados, a lo que se suma la falta de un abogado defensor, por carencia de recursos económicos.

Las quejas ciudadanas por las fallas del sistema judicial guatemalteco generalmente se reducen a los casos en que los delincuentes no reciben el castigo merecido, o porque estos son declarados inocentes debido a razones solo explicables a causa de la corrupción. Pero hay también situaciones en las cuales personas inocentes son declaradas como tales pero permanecen en prisión de manera injusta. Así también existen quienes cumplieron la sentencia de una primera acción ilegal y sin embargo permanecen más tiempo en la cárcel.

El tema debe ser analizado desde varios puntos de vista. Primero, el de la necesidad de que haya cambios en la organización del sistema jurídico, para evitar esos hechos lamentables. Uno de ellos es crear departamentos cuyo principal fin sea obtener mecanismos efectivos de control. Los estudiantes de Derecho que hacen prácticas antes de recibir el título pueden ser los encargados de esta tarea, y alguna o varias de las facultades del ramo existentes en el país pueden convertirse en las instituciones a cargo de trabajar en conjunto con el sistema judicial.

Estar en prisión es una experiencia negativa en cualquier parte del mundo, pero en las condiciones en que se encuentran las cárceles guatemaltecas, siempre es una vivencia terrible, que marca la vida tanto de los reos como de sus familias, pero también de la sociedad en su conjunto. Esto se debe a las enormes posibilidades de que quienes estén tras las rejas se conviertan en delincuentes, como consecuencia de que allí conviven maleantes reincidentes con personas que han caído en prisión por circunstancias ajenas a la criminalidad.

La ausencia en el hogar de padres y madres de familia encarcelados también es una fuente de dramas humanos muy diversos, entre los cuales sobresale la perdición de jóvenes adolescentes, integrados a maras y por ello convertidos en delincuentes ya entrenados, verdaderos antisociales y sociópatas que siembran el terror en la población ajena a la criminalidad. Este es solo uno de los efectos, pero se deben incluir serias consecuencias psicológicas que sin duda afectarán a la vez a otras generaciones.

Se trata de un problema que debe ser solucionado de inmediato, con la voluntad política y también social. La tarea empieza por revisar la situación de esos tres mil reclusos que se encuentran en esa condición. Cada caso es distinto y por eso requiere de atención individualizada. La Corte Suprema de Justicia debe iniciar de inmediato los contactos para enmendar estas injusticias que se suman a las causas de la generalizada desconfianza hacia el sistema judicial guatemalteco, sobre todo entre los estratos bajos e intermedios de la población.