EDITORIAL

Opacidad estatal contamina contratos

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cámaras de vigilancia

Las investigaciones realizadas por el Ministerio de Gobernación respecto de los contratos contraídos con empresas privadas para cámaras de videovigilancia tienen numerosas razones, de las cuales la primera es conocer las condiciones y cumplimiento de estos acuerdos multimillonarios. En el caso del régimen patriotista, debido a que la corrupción alcanzó niveles paroxísticos, está más que justificado y, lejos de ser motivo de reproche, debe ser una acción exigida por la ley.

Otra justificación se refiere a los montos en juego, en este caso la enorme cifra de mil doscientos millones de quetzales. El nombre de las empresas, así como su capacidad de sustentar estos contratos, relacionadas de manera directa o indirecta, no se puede ocultar, sobre todo en momentos como los actuales, en que numerosos exfuncionarios de alto nivel están prisioneros, acusados por el Ministerio Público y también por la Contraloría General de Cuentas, y otros tienen procedimientos similares a la mitad del camino.

Todos estos factores hacen que el tema sea de interés para los ciudadanos y por ello los medios informativos cumplen su función al publicar noticias y comentarios al respecto, y dar a conocer los puntos de vista de todos los involucrados, incluyendo a quienes firmaron los contratos de ventas de bienes o servicios. De esas declaraciones pueden originarse nuevos detalles que a la vez provoquen investigaciones institucionales o periodísticas y contribuyan a dilucidar todo lo relacionado con esas negociaciones con el Estado.

Ante estas situaciones es un error, es inútil y es contraproducente intentar que los medios no publiquen, disminuyan la importancia de las noticias o no utilicen lenguaje que a juicio de las personas relacionadas les causa problemas. Opacidad es un término que se puede aplicar porque hay demasiados casos abiertos por corrupción, y muchos de los contratos fueron elaborados en forma oscura, una de las características de los últimos gobiernos, por lo que ha sido necesaria la acción profesional de la prensa independiente para esclarecer los procedimientos censurables en esas negociaciones.

Los interesados deben preparar las explicaciones lógicas y técnicas acerca del porqué de las condiciones de los contratos. La empresa Comunicaciones Celulares afirma que la Policía Nacional no entregó las bases de datos de los rostros para hacer reconocimiento facial. Tal acción debe ser explicada, así como por qué colapsó el sistema al hacer 600 mil consultas. Esto se debe a que en su momento no fueron otorgadas las explicaciones adecuadas para que la población tuviera clara la cantidad de cámaras, sus capacidades, la totalidad de sus fines y posibilidades, como también sucedió tantas veces.

La multiplicidad de formas en que la población puede hoy en día proveerse de noticias hace que la única manera de encarar los problemas derivados de contratos con funcionarios acusados de corrupción sea colaborar sin ambages. Así se puede aclarar cualquier publicación malintencionada por medio de las cuestionables redes sociales. Mientras, la ciudadanía espera no solo los resultados de las pesquisas, sino cómo informan los medios. No hacerlo profesionalmente resulta un riesgo que no tienen ningún motivo para correr.