Operación “Gaveta”, como aquella acción de la máxima dilación maliciosa para cometer demora y retardo perjudicial en provecho y a favor de causas propias y de intereses de grupúsculos. No ha sido solo una ley de altísimo interés nacional sino incontables las que guardan sepultura en las catacumbas del Congreso. Una realidad que como cáncer ha desarrollado metástasis en todos los organismos del Estado. Y aunque no hay trámite que no esté embarrado de este virus en toda la administración pública, es en los jueces y magistrados donde se cometen las más crueles injusticias, irrespetando el debido proceso y los derechos constitucionales.

Se escudan en sobrecarga de trabajo, pero aun en el más ineficiente de los escritorios burocráticos debería encontrarse alguna lógica de prioridad y sentido común para evitar la quiebra de empresas o los atropellos de los más elementales derechos humanos. Hablo de ciudadanos que guardan prisión preventiva y ni siquiera se les da la oportunidad de que sus juicios se cumplan en los tiempos y procesos debidos. Hablo de retardos en la Corte de Constitucionalidad que hasta exmagistrados han confesado que existe la “operación gaveta”, como ellos mismos la califican. Esto, en dos platos, significa engavetar para “no fallar” en función de determinadas estrategias o intereses políticos. Tales han sido los casos de Oxec I y II, la invasión de fincas en el Polochic, el juicio de militares por actos supuestamente perpetrados hace 30 años; y la mina San Rafael, que no ha podido reanudar operaciones y cuya audiencia está atrasada y tiene todos los visos de prorrogarse hasta enero, debido a las vacaciones, lo cual condenaría al cierre definitivo de la empresa, enfatizando aún más la calificación de riesgo país, como aconteció ya recientemente con los dos puntos menos de Standard and Poor’s.

Es evidente que la reacción en cadena enfatizaría aún más el clima negativo para hacer negocios en nuestro país, con el consiguiente impacto en la economía nacional, la pérdida de empleos y generación de pobres.

Sí, claro, la cantaleta continúa. Debemos combatir la corrupción con las mil limitaciones, injusticias y el sistema politiquero y clientelar que es parte de nuestra cultura. Pero a propósito del Presupuesto General de la Nación en discusión, podríamos comenzar hoy con cosas elementales. ¡Es una vergüenza que no sepamos a ciencia cierta cuántos empleados tiene el sector público! ¿Cuántas plazas fantasmas aparecerían? ¡Que tengamos que hacer cola para “pagar impuestos en la SAT”! Ridículo. Debería ser fácil y expedito. O cualquier trámite burocrático: Antecedentes penales, colas. Antecedentes policiacos, colas. Registro de la propiedad, colas. Registrar un contrato en el Ministerio de Trabajo, colas. Trámites laborales en Inspección de Trabajo, colas. No digamos en hospitales y cárceles. Es un sistema colapsado con sistemas deficientes, disfuncionales y una burocracia no profesional. Y sin embargo, todo lo que ha sido subcontratado funciona, como las licencias y pasaportes (cuando fue operada por terceros).

Hay que tomar en cuenta el costo económico de la ineficiencia. Las colas son el servicio más caro del mundo. La pérdida de horas hombre en colas es el tiempo multiplicado por el salario potencial, multiplicado por el costo de oportunidad de los que hacemos colas. Al margen de la urgente aprobación del paquete de leyes anticorrupción —la cual es una batalla política cuesta arriba— es perfectamente factible exigir que se subcontraten los servicios más deficientes de la administración pública. El costo/beneficio/oportunidad supera por mucho el grave daño que ocasiona.

Siempre se confunde la subcontratación (outsourcing) con la privatización. La desinformación proviene de sindicatos rentistas y políticos clientelares.

Un pasito a la vez: No engavetar la ley. Y saber exactamente cuántos, quiénes y qué hacen todos los empleados del Gobierno.

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