Lo que no se dice, es que de haber acceso a la información oficial muchas de esas carencias se reducirían de manera drástica, por el solo hecho de hacerse públicos los detalles de la gestión de ministerios y secretarías. La secretividad en el manejo del presupuesto o del avance de los programas es un valladar para la fiscalización, tanto como lo es la socorrida modalidad de saltarse el requisito de las licitaciones para las compras y contrataciones del Estado.

El resultado es el crecimiento de un estrato de beneficiarios privilegiados por esta falta de controles ciudadanos, un generalizado ambiente de desconfianza en las instituciones, la pérdida de certeza jurídica y el consiguiente sentimiento de inseguridad en los sectores más amplios, que también son los más pobres.

La violencia criminal, la desnutrición crónica, la desprotección de la niñez y la juventud y, por supuesto, el deterioro de la imagen de país, vienen siendo consecuencia directa de una cadena de malas decisiones, cuyo origen podría remontarse hasta la redacción de leyes casuísticas elaboradas para favorecer a ciertos sectores en desmedro de otros. Las clases políticas, generación tras generación —y esto sí se comenta— han ido perdiendo calidad de manera notable y sus representantes están, en la actualidad, entre los ciudadanos más señalados y menos respetados del país.

Tampoco se habla públicamente de la participación de la comunidad internacional en la situación por la que atraviesa Guatemala, cuyas autoridades de todas las administraciones del período democrático han tolerado la poderosa influencia de ciertas representaciones diplomáticas, cuyo papel ha sido determinante en el desarrollo de políticas represivas orientadas a proteger intereses ajenos, o cuyas acciones han propiciado actos de corrupción en las altas esferas de gobierno.

Sin embargo y aun cuando estos hechos son de conocimiento público, da la impresión de que la ciudadanía los ignora o prefiere dejarlos pasar, quizás por falta de conocimiento para medir sus implicaciones o porque no les afectan de manera directa. Pero es obvio que sin una intervención directa de la ciudadanía, ningún gobierno, democrático o no, está exento de cometer abusos y saltarse los límites marcados por las leyes.

Por todo ello, quizás haya llegado el momento de poner atención en hechos trascendentales como la elección de autoridades. Otro tema sobre el cual los afectados, esas personas que conforman la esencia misma de la Nación, parecen haber renunciado a sus prerrogativas de desechar a los malos y quedarse con los honestos, justos y responsables.

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