El 23 de junio de 2017, en las cercanías de la finca San Gregorio, Piedra Parada, Coatepeque, Quetzaltenango, un grupo de hombres armados —a quienes varios testigos identificaron como miembros del cuerpo de seguridad de la finca— disparó contra varios extrabajadores que se preparaban para realizar una manifestación pacífica. En el lugar murió Israel Méndez, de 72 años.

Don Israel, al igual que 240 extrabajadores, descubrió que durante 20 años las cuotas que le habían descontado de su salario no fueron entregadas al Seguro Social y por eso no podía acogerse al programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia del IGSS y no tenía cobertura para los servicios de salud. Ese fue el motivo por el que decidió participar en un plantón y exigir sus derechos junto a otros de sus excompañeros de trabajo. Organizarse y reclamar lo que legítimamente le correspondía le costó la vida.

Este es solamente uno de los casos que documenta el informe “Violencia Antisindical en Guatemala (2017)” elaborado por la Red de Defensores de Derechos Laborales y el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco. El documento identifica al menos 39 ataques en contra de trabajadores y trabajadoras que incluyen asesinatos, lesiones, agresiones, acoso sexual, amenazas, coacción, detenciones arbitrarias y acusaciones falsas.

La mayoría de estos hechos contra las y los trabajadores se registran cuando deciden exigir sus derechos laborales y organizarse en un sindicato. Por ejemplo, el informe destaca el caso de una maquila en la que a través del sistema de sonido, el gerente de recursos humanos anuncia el eventual cierre de la empresa por “culpa del sindicato” a cuyos miembros responsabiliza también de que no se les pague al resto de empleados las prestaciones laborales. Además de generar un ambiente hostil contra los trabajadores sindicalizados, esta estrategia tiene como objetivo debilitar y hacer desaparecer la organización sindical.

El informe también da cuenta de cómo la violencia sexual y de género se utiliza contra las mujeres trabajadoras y lideresas sindicales. Se reportan al menos seis casos de amenazas, intimidaciones y agresiones de carácter sexual. El acoso es otra de las estrategias que se usa para hacer renunciar a las trabajadoras a sus puestos de trabajo.

Según los datos, del 2004 a la fecha, 87 sindicalistas han sido asesinados y, en la mayoría de los casos, no existen sentencias condenatorias ni investigaciones de fondo que permitan determinar si las muertes violentas y los ataques tienen relación directa con su militancia sindical.

Vemos entonces cómo la represión continúa siendo el mecanismo más utilizado en el país para debilitar la organización de las y los trabajadores y cómo las estrategias para “desarticular”, “neutralizar”, “infiltrar”, “cooptar”, “desmantelar” y “sofocar” cualquier intento de organización siguen siendo la constante. En la medida en que estos hechos no se investiguen y los responsables enfrenten la justicia, estos delitos seguirán ocurriendo y multiplicándose y la impunidad seguirá siendo la mejor aliada de la violencia antisindical.

Las y los trabajadores son un actor principal de nuestras sociedades. La lucha de los obreros y sindicalistas ha permitido a lo largo de la historia las conquistas democráticas como el voto universal, la dignificación del trabajo, la jornada de 8 horas y la mejora en las condiciones laborales. Ahí tienen ustedes el motivo principal por el que la cooptación y la fragmentación del movimiento sindical sigue siendo el objetivo de los sectores de poder político y económico.

@MarielosMonzon