Un país es tan grande como su capacidad de superar los demonios de su propia destrucción. En Guatemala hay estigmas politiqueros, resquemores históricos, taras sociales producto de sus extravíos diversos.

La reciente y salvaje destrucción de las esculturas en el Paseo de la Sexta por parte de una turba enardecida de vendedores desafectos que se resisten a obedecer las disposiciones municipales insistiendo en convertir la sexta y algunas áreas adyacentes, en mercaduchos callejeros sin ninguna consideración por el beneficio colectivo de contar con áreas de esparcimiento culturales, les viene olímpicamente del norte .

La amplia cobertura mediática destacando la destrucción de la propiedad de uso comunitario entre las risas de impunidad de la turba, debe ser de la misma intensidad cuando identifiquen, capturen y metan a la cárcel a los responsables.

Lástima grande que el garrote del orden y la gobernabilidad —léase el poder coercitivo de la ley— esté embodegado en la alacena de los derechos humanos aguardando el polvo del silencio, en total sometimiento anti-ciudadano. Protegen a las turbas destructoras con justificaciones bizantinas de “diálogo” y negociación”, como si la violación de las leyes y los derechos de los demás ciudadanos no existiera.

Es lo mismo que acontece con las turbas anti locomoción, toma carreteras, roba energía eléctrica, anti hidroeléctricas, pro invasiones, pro secuestros de autoridades, enemigos del bien público; o los que se oponen a obras tan importantes como el Anillo Regional, iniciado hace seis años y actualmente detenido por un puñado de opositores anarquistas dirigidos por el CUC y protegidos por diputados como Amílcar Pop y Leocadio Juracán.

Hablando de este “karma anti inversión” que llevamos a cuestas como país, leí hace algunos días que este proyecto tiene cerca de 20 años de estar “engavetado” en SEGEPLAN como un plan del Estado. Que a mediados del 2010, Cementos Progreso firmó un convenio con el Micivi para construir 15 kilómetros de dicho anillo y, posteriormente, donarlos al Estado, una inversión de $60 millones . La idea era tener acceso a la nueva planta de San Gabriel, mientras que el Gobierno iniciaba la construcción del resto de lo que se llama “arco norte”, que conectaría los municipios de Sanarate con San Juan Sacatepéquez, un arco de 70 Kms aproximadamente.

Para vestir de tragicómico todo este asunto, lo único que se sacaron con dicha construcción es que la SAT les hiciera “un reparo fiscal por Q30 millones, cuestionando que dicha carretera fuese necesaria para poder operar como generador de rentas gravadas…” O sea limosnero y con garrote…

Pocos entienden que con este arco norte “3,000 camiones dejarían de tener necesidad de atravesar la ciudad de Guatemala para transitar de Oriente a Occidente; y que llevamos un cuarto de siglo sin que gobierno alguno haya construido una carretera nueva hacia el altiplano. Se han ampliado y repavimentado carreteras existentes, pero no se han construido nuevos accesos. El anillo regional sería la primera de esas iniciativas”.

Se calculan en US$170 millones las pérdidas acumuladas en términos de costos de productividad para el Estado. ¡Con esa plata ya habríamos finalizado el arco norte! ¡Qué lamentable falta de visión de país! Abona hacia lo señalado en el primer párrafo de esta columna.

A lo largo de los años este columnista ha escrito innumerables artículos sobre la extraordinaria importancia que es para Guatemala la inversión en infraestructura estratégica. Por ello, iniciar la construcción del resto del Anillo Regional debe ser declarado de urgencia nacional. A esta primera fase le faltan escasos 1.5 Kms para ser terminada por la cementera.

No hay razón ni argumento alguno para oponerse a un proyecto de tan alto impacto socio-económico. Bien harían los opositores politiqueros en sopesar el gran daño que le hacen al país; y el impacto en los bolsillos de los pobres que dicen defender.

alfredkalt@gmail.com