Las universidades públicas, en particular en contextos de procesos democráticos, son un elemento fundamental para la transformación social: transitar de la guerra a la gobernabilidad democrática, restituir el diálogo como forma de compresión de la realidad y llevar adelante acciones para mantener y garantizar la paz requiere substituir las armas por libros, aulas, laboratorios y maestros que ayuden a preparar profesionales con vocación y capacidades para empujar el futuro.

Infortunadamente, el proyecto de presupuesto público de 2019 le otorga Q2,702.7 millones al Ministerio de la Defensa Nacional y a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) le asigna Q1,662.3 millones. ¿Qué nos quieren decir los diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda al proponer esta distribución de los recursos públicos que el Estado tiene gracias a nuestros impuestos?

En los últimos años, la Usac se ha visto obligada a negociar anualmente con los organismos ejecutivo y legislativo de turno, recursos extraordinarios a los que recibe como parte de la asignación constitucional y que han sumado en promedio cerca de Q340 millones anuales, esto quiere decir que los recursos constitucionales están siendo insuficientes para compensar el aumento de la cobertura y la extensión universitaria ?en 2010, la matrícula era de 146,000 estudiantes y en 2016 superaba los 200,000?.

Pero también existen dos fenómenos que afectan la asignación constitucional. Primero, un marco normativo impreciso para esta concesión: los ciudadanos y la Usac desconocemos cómo el Ministerio de Finanzas calcula el “Ingreso ordinario”, variable que resulta de restar a los Ingresos tributarios algo, una caja negra cada año más cuantiosa, llamada “disponibilidades propias del gobierno”. Los Ingresos ordinarios son la base para el cálculo del 5 por ciento garantizado para esta casa de estudios. En segundo lugar, ante la incapacidad (o dolo) gubernamental para captar ingresos tributarios, la asignación para la Usac se está viendo disminuida año tras año por este efecto. En 2015 la asignación representaba el 0.30% del PIB, mientras en 2018 ya solo equivalía al 0.26%. En contraste, un Acuerdo Gubernativo, el 216-2011, asigna anualmente el 0.33% del PIB al Ministerio de la Defensa Nacional. Esto quiere decir que, el ejército tiene garantizados automáticamente más recursos mientras la economía crezca, algo que siempre pasa.

Los últimos cien años de historia de Guatemala, por no ir más lejos, han estado marcados por dictaduras, violencia y opresión. Nuestra universidad pública ha sobrevivido a la larga lista de dictadores que desearían cerrarla o reducirla a su mínima expresión, gracias a una sociedad que la reclama como propia. La comunidad universitaria ?egresados, estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo? debe buscar una solución de largo plazo para que la Usac no sea presa de las hordas criminales que hoy tienen capturado el poder público.

Si nuestra apuesta es por la democracia, la Usac debe tener asegurados por lo menos más recursos que el ejército. Puede ser el 0.35% del PIB (Q2,215.0 millones en 2019), algo que se puede conseguir sin reformas constitucionales. Por su parte, quienes administran estos recursos deben quedar comprometidos con esfuerzos de transparencia, rendición de cuentas y democratización interna.

La Usac es no es perfecta, pero es trabajo comunitario, es oportunidad de cambio, es ciencia y conciencia puesta al servicio de las mayorías. La Usac es vital para la sociedad y salvarla de los lobos, es ayudar a salvar la democracia.

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