A medida que se conoce cómo actuaba la organización defraudadora identificada como La Línea, se confirma la urgencia de cambiar radicalmente la organización y funcionamiento de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). A lo complicado de su misión como recaudadora de impuestos se suma su bizarra estructura, donde las metas se fijan desde otra unidad de mando.

Solo esta etapa debe tener una revisión profunda para que la independencia de esta entidad avance hacia una mayor despolitización, para que quienes emprenden las tareas de la recaudación estén menos sujetos a las presiones de los políticos.

Recientemente, el presidente Jimmy Morales nombró a Juan Francisco Solórzano Foppa como jefe de la SAT. Su llegada al cargo podría ser el momento oportuno para emprender esa reestructuración que debe apuntar a mejorar la recaudación y a desbaratar las bandas que no han dejado de operar en la mayoría de las aduanas.

Desde la izquierda moderada hasta la Cámara de Industria solicitan con firmeza una gestión eficiente y honesta, lo cual no es excluyente.

Obvio resulta que la SAT, como institución, está en el centro del huracán que amenaza el futuro del país, con el agravante de ser la entidad a la que todos le piden cuentas sobre la forma como los ciudadanos pagan los impuestos. Pero su principal misión debe ser el cumplimiento de las metas fijadas en el presupuesto de gastos.

El camino de la SAT, lleno de escándalos y sinsabores, debe ser visto con toda la objetividad del caso. Padece de profunda corrupción porque existen muchos pasos en los que se puede actuar de manera discrecional, y parece que lo tiene muy claro el nuevo superintendente.

Las exacciones cometidas por La Línea a importadores para el pago de menos impuestos y los cobros efectuados a cambio de favores evidencian el millonario negocio ilícito que representaba esa estructura, de cuya existencia tenían conocimiento altas autoridades.

Por esa razón el trabajo fundamental de la SAT debe orientarse a reducir la discrecionalidad con que actúan muchos de los mandos medios para decidir si se aplican determinados gravámenes. Al permitir esas libertades se está abriendo la puerta a una corrupción que ha sido aceptada por funcionarios, pero propuesta por quienes deben pagar impuestos.

El nuevo superintendente debe borrar la mala imagen que dejaron sus antecesores y puede empezar por transparentar e informar de manera oportuna sobre los hallazgos en las auditorías y los procesos de cobros, para que la obtención de impuestos dependa menos de la decisión de los recaudadores y más de la ley, ya que esa ha sido una de las fuentes de donde surgen los males que asuelan a la institución.

La batalla contra la corrupción no será fácil, pues ha sido el cáncer de la SAT. Sin la debida convicción, el nuevo recaudador será uno más de la lista. Tiene en sus manos la oportunidad de escoger entre ser uno de tantos de ingrata recordación o quien cambie el rumbo de la recaudación tributaria.