La detención en Estados Unidos del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad Héctor Trujillo, quien también fungía como secretario de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), y la solicitud de captura contra Brayan Jiménez, quien era presidente de esa entidad, es apenas la muestra más reciente de los oscuros intereses que pueden moverse en ese mundo. La Fedefut presenta apenas una de esas facetas.

Ciertamente, los negocios en torno al futbol no son la única cara oscura del mundo del deporte, pues todas las federaciones tienen algo qué contar en términos de corrupción. Ese conjunto de joyas que integran la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) ha sido una clase aparte, donde hasta ahora el brazo de la justicia no ha llegado, y si no fuera por la intervención de las autoridades estadounidense no se habría producido un terremoto como el que azotó esta semana al futbol nacional.

No por gusto han sido los festines y dádivas o agrias disputas que se producen cuando llega el momento de celebrar elecciones. El deporte federado comparte con muchas otras instituciones el interés de diversos sectores por apoderarse de las posiciones de mayor relevancia, y por ello es que se dice que en cada elección se reparten dádivas y miles de quetzales en efectivo para agenciarse de votos de las distintas asociaciones, que a escala nacional representan un respaldo que cuando se materializa en poder también hace que cambie la vida de una persona.

Por ello es que en el seno del deporte guatemalteco se han producido grandes escaramuzas y algunos dirigentes se desbordan en ambiciones por intentar prolongar su permanencia en los más altos cargos, como es el caso de Jiménez en la Fedefut, quien ya llevaba dos períodos en la presidencia de esa entidad. Razones poderosas los catapultan a esa búsqueda, como lo acaban de poner en evidencia las autoridades judiciales de Estados Unidos, que los sindican de haber participado en una danza de repartición de millones de dólares entre los más encumbrados dirigentes.

Las autoridades guatemaltecas deberían hacer lo propio y abrir una profunda investigación en torno al manejo de los fondos del deporte federado, pues por mandato constitucionalidad reciben una cantidad mayor a la que se le asigna al sistema de justicia. Pero, sobre todo, lo deben hacer porque esos aportes de fondos públicos pueden resultar siendo migajas para esos dirigentes, cuando se comparan con las dádivas que pueden recibir al comprometer su voto en favor de causas marcadas por la corrupción, como es el caso de la asignación de sedes deportivas.

Aun en lo local, también se sabe de amaño de partidos cuyos montos se consignan públicamente por una cantidad, cuando el total podría incluso duplicar lo que oficialmente se da a conocer. Esas son razones suficientes para justificar una profunda investigación sobre los recursos que manejan las dependencias aglutinadas en la CDAG, para lo cual la Fedefut ha dado muestras suficientes de esas necesarias medidas, sobre todo las que participan en la organización de competiciones internacionales.