Las pruebas están ahí, frente a las narices de la jueza María Eugenia Castellanos, que preside el Tribunal de Mayor Riesgo B. Existen antecedentes irrefutables de las condiciones deplorables e inhumanas en que se encuentra el Hospital Federico Mora. Existe un comunicado de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de principios de año en donde externa su preocupación “porque la situación continúa siendo alarmante”. Y hace “un llamado a investigar y sancionar penal y disciplinariamente a los responsables de los graves hechos denunciados, incluyendo los casos de violaciones sexuales”.

También está la carta del embajador de los Estados Unidos externando su preocupación e instando a las autoridades a tomar medidas urgentes para salvaguardar el bienestar de los pacientes. También está, por supuesto, el horroroso documental que lanzara al aire a nivel mundial la BBC de Londres con pruebas irrefutables de las violaciones sexuales, el deplorable abandono de los enfermos y la absoluta deshumanización en el trato con los pacientes. A pesar de todo esto, la señora jueza, exhibiendo un criterio obtuso, rígido e inhumano, insiste en denegar que el examen se lleve a cabo en cualquier otra instalación que garantice las condiciones a un paciente adulto mayor, enfermo. Peor aún, contradice la resolución de una corte superior como lo es la Sala Cuarta del Ramo Penal, la cual señala que en vista de las condiciones del Hospital Federico Mora, le ordena que el examen se lleve a cabo en otro hospital. Pero la jueza refuta a la Sala indicando que “el interés particular no debe prevalecer sobre el interés general”. Rara vez se evidencia en una jueza un despliegue de obcecación y parcialidad con argumentos tan impertinentes y parciales.

Estamos frente a una actuación copy paste de la exhibida por la jueza Yassmin Barrios en el anterior juicio, cuyas anomalías en la conducción del juicio obligaron a la Corte de Constitucionalidad a anular la sentencia.

¿Cuál es el fondo del asunto? Que la jueza y la fiscal del Ministerio Público quieren hacer creer que Ríos Montt se está haciendo el loco y que no es cierto que esté en condiciones de enfrentar el juicio. No creen que tenga demencia senil. Refutan el examen que hizo el Inacif, el ente nacional forense encargado de emitir opinión científica sobre cuestiones médicas. Aducen que los medicamentos que se le están administrado son los que impiden su lucidez, y por ello insisten que al llevarlo a un hospital controlado por ellos —y al dejar de administrarle los medicamentos que está tomando—, por obra y magia de la abstinencia farmacológica, Efraín Ríos Montt volverá a la vida, lúcido y listo para recibir la sentencia que tanto anhelan y que iniciará el proceso del cuantioso “resarcimiento” para las víctimas del supuesto genocidio, y la larga lista de beneficios a nivel mundial para los jueces, fiscales y oenegés involucrados en tan trascendente fallo.

Es fácil explicar la razón por la cual María Eugenia Castellanos, jueza que preside el Tribunal B de Alto Riesgo, demuestra esa actitud tan hostil y parcial contra Ríos Montt. Ella fue patrocinada para estudiar varios diplomados en materia de Derechos Humanos precisamente por organizaciones como la Fundación Myrna Mack, CALDH, querellante adhesivo en este caso; la Comisión Internacional de Juristas, Abogados sin Fronteras y NSA. Todas estas entidades son ideológicamente afines y de un gran activismo político.

Con todo respeto, señora, esta relación pone en duda su imparcialidad.