OTRA NOTICIA muy destacada se refiere a los 1,827 millones de deuda pública originada el año pasado por el gobierno. Por aparte, la admisión del viceministro de Finanzas respecto a la existencia de una “deuda de arrastre” de 2,108 millones. Los compromisos sin respaldo incluyen a los ministerios de Comunicaciones, 362 millones de quetzales; Educación, 150; Gobernación, 134; Salud, 120; Agricultura, 110; secretarías, dependencias y desarrollo social, 168; 42 más en los demás ministerios. A ello se agregan los Q971 millones de obligaciones del Estado, y los Q1,827 millones de “deuda flotante”, en los tres primeros.  Todo esto mientras cada vez más crece el rechazo popular a la manera indebida del manejo del dinero obtenido de los impuestos.   

EN NUMEROSAS OCA- siones se ha discutido acerca de la relación entre política y economía. No me cabe la menor duda de la supremacía de la primera sobre la segunda: los resultados económicos son consecuencia de ideas, hechos o problemas políticos. Por ejemplo, al  gobierno de Guatemala le es imposible obtener los alegres números de la recaudación fiscal, no solo por casos como ingresos calculados a un determinado  precio del petróleo, ahora colocado casi a la mitad, como resultado de factores externos. Cuando se afianza el convencimiento de ser la tarea de conducción del Estado solamente una forma de enriquecimiento enorme, inmediato y descarado, no hay necesidad de ser analista para prever una disminución del pago de impuestos.  

ESTO ÚLTIMO, LA TOTAL corrupción, no constituye un hecho económico, sino es uno político, con inmediatas consecuencias económicas, y también sociales. Los médicos de los hospitales públicos —por ejemplo—  deben recoger pastillas, jeringas, etcétera, para poder utilizarlas cuando hacen visita a los enfermos, y luego son acusados de robo por muchos protagonistas de hechos corruptos. Es decir, el deseo de salvar vidas se castiga con el despido y/o la deshonra. Para mí queda clara la relación entre los tres elementos, pero en especial la decisión política de quienes detentan el poder, al cual han llegado gracias a promesas mentirosas convertidas en esperanza para ciudadanos cuya realidad los hunde en los efectos de la carencia de todo.

EN ESTAS CONDICIONES, tratar de eliminar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  resulta una maldad indefendible. Es vergonzosa, ciertamente, la presencia de una entidad como esa, pero dentro del país demasiadas personas no quieren entender ni aceptar las bárbara realidad  en demasiadas áreas. Es una verdadera necesidad admitir ese problema, aceptar la participación de una entidad representante de los países extranjeros preocupados por como están las cosas. En un país donde la campaña electoral es el campeonato de las mentiras, de  los lamentables cambios para hacer lo mismo por distinta gente, el regreso de un corto viaje por el primer mundo provoca esa mencionada sensación de dolor y desesperanza.