Otro factor causante de sospechas entre los ciudadanos lo constituyó que el Presupuesto fue declarado de urgencia nacional. Este concepto no se puede aplicar en casos como este, porque su espíritu se refiere a  cuando ocurren tragedias nacionales causadas por fenómenos naturales, como terremotos,  inundaciones o epidemias, pero jamás para que sea aprobado dinero cuyo uso no está suficientemente claro y para lo cual se tuvo bastante tiempo para someterlo  a discusión.

  Será posible entonces, a partir de ahora, declarar de urgencia nacional cualquier adquisición de bienes o servicios o decisiones emanadas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que evidentemente se presta a acciones oscuras de las que tan hastiados están los guatemaltecos. Llamó la atención que los demás partidos representados en el Congreso denunciaron no haber recibido  copias del Presupuesto  y que haya sido limitado a dos minutos el tiempo en que los diputados de oposición podían hacer críticas o señalamientos al respecto.

  Las discusiones respecto del monto, los motivos y los objetivos del presupuesto nacional  fueron expuestos en un cerrado círculo, en el cual  los lideristas destacaron porque llegaron a publicar campos pagados en los que cuestionaban de manera abierta la solicitud del Gobierno. Sin embargo, de pronto se unieron, y  a pocas horas de que terminara el plazo para que el Presupuesto fuera aprobado  —30 de noviembre— votaron en forma  disciplinada con el oficialismo.

  Cada vez son más los argumentos que comprueban que el uso del Presupuesto está rodeado de oscuridad y de neblina. Los criterios con los que se emplea el dinero, en demasiadas ocasiones no tienen  fundamento lógico: no hay fondos para el funcionamiento de hospitales, por ejemplo, pero sí para acarreo de gente desde los departamentos, con el fin de uniformarlos con camisetas anaranjadas, como ocurrió durante la ilegal concentración política en la que  fue anunciada la candidatura de quien en ese momento era ministro de Comunicaciones.

  Ciertamente, el Presupuesto está basado en la idea de que mejorarán los ingresos fiscales por medio de impuestos a servicios de empresas privadas. En teoría, funciona.  En la práctica solo acrecienta el atractivo de no tributar, como siempre ha ocurrido, y   ello puede ocasionar una menor recaudación, lo que se une al aumento de los precios y con ello  la disminución del nivel de vida de los ciudadanos y el incremento de la economía informal. Todo eso, por desgracia, contribuye a afianzar la decepción ciudadana hacia la democracia, sin darse cuenta de que en realidad  vivimos una caricatura de esta.