Lo cierto es que ninguno de estos empleados públicos cuenta con los  ingresos suficientes como para acumular bienes que se estiman en millones de quetzales, ya que los salarios en el sector público son más bien modestos y apenas alcanzarían para llevar una vida típica de  clase media. Aun aquellos funcionarios que en esa escala salarial cuentan con las mayores comodidades del país tendrían los suficientes recursos como para adquirir propiedades millonarias, vehículos de lujo u otras suntuosidades.

Muchos de estos funcionarios y burócratas que ocupan las primeras posiciones del escalafón salarial nacional rondan los 70 mil quetzales, un ingreso que ciertamente puede permitir hacerse de una vivienda y un ritmo de vida más bien cómodo, pero nunca alcanzaría lo  suficiente como para darse una vida de lujos,  mucho menos para ostentosas propiedades. Por eso es que se vuelven muy llamativos los casos de los empleados públicos  cuyos bienes se convierten en  un insulto a la realidad nacional.

Este es el caso de la jueza  Jisela Yadel Reinoso Trujillo, titular del Juzgado Cuarto de Instancia Penal,  contra quien, el pasado martes, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pidió que se le retire la inmunidad, para que pueda ser investigada. Lo deseable es   que mediante una pesquisa sin cortapisas responda ante la justicia y que esclarezca de manera convincente  el origen de propiedades, vehículos y otros bienes que, en conjunto, sobrepasan millones de quetzales, mientras que sus ingresos se estiman en Q20 mil mensuales.

La acusación es seria, pues se le sindica de un enriquecimiento difícil de justificar con ese salario, pues también  la Cicig rastreó los ingresos familiares y tampoco se encontraron aportes creíbles del núcleo familiar  como para que se pudieran hacer pagos por cientos de miles de quetzales en una propiedad o de otros tantos miles en la compra de vehículos. Otro agravante es que muchos de esos movimientos financieros o adquisiciones se hicieron prácticamente en secreto, ya que ni siquiera su declaración jurada patrimonial fue actualizada, como cada año lo deben hacer quienes ocupan posiciones sensibles.

El caso es de mucha relevancia porque la investigación del Ministerio Público y la Cicig presenta elementos convincentes de un rastreo que no parece dejar dudas sobre un sospechoso manejo de recursos de alguien  que, además, es parte de  uno de los sectores más cuestionados de los últimos años.

La imputación contra la jueza Reinoso Trujillo puede ser paradigmática en la batalla contra la corrupción, pues existen muchos más funcionarios que cotidianamente se burlan del sistema.