Aunque la Corte de Constitucionalidad señala una serie de razones de tipo técnico-legal para negar en forma definitiva y unánime la solicitud de amparo interpuesta por el presidente Otto Pérez Molina ante el proceso de antejuicio presentado en su contra por el diputado Amílcar Pop, el efecto de tal resolución entra de lleno en el campo político, del que la Corte de Constitucionalidad (CC) no puede escabullirse.

El mandatario está acusado de tener vínculos con hechos de corrupción en los que participaron funcionarios de alto nivel nombrados personalmente por él, entre ellos su secretario privado, Juan de Dios Rodríguez, que llegó a la presidencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o el caso La Línea, por el que Roxana Baldetti debió renunciar a la vicepresidencia del país.

Este complicado caso, sin precedente, tiene además el factor de que la CC decidió supuestamente en base al reporte de la comisión pesquisidora nombrada por el mismo Congreso y con mayoría del partido Líder, pero hasta ahora no se sabe cuáles fueron los resultados del trabajo de ese grupo, cuya integración también fue motivo de numerosas acciones de opositores y defensores del presidente Pérez Molina.

El mandatario se acerca, con la decisión de la CC, a un juicio en el Legislativo, que debe retirarle el derecho al antejuicio gracias al voto favorable de las dos terceras partes de los diputados. Los pesquisidores no se habían reunido por primera vez cuando ya dos de ellos habían manifestado opinión al respecto. Por aparte está la acusación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y del Ministerio Público (MP) al presidente de ese grupo, Baudilio Hichos.

Hay varios motivos para pensar que la decisión tardará tiempo, pues necesita de la participación de los diputados lideristas, que tienen una brasa en las manos porque serán afectados negativamente si absuelven al presidente. Por esas mismas causas, el mandatario está en una situación complicada, por el hecho de que el interés nacional generalizado se va más por el tema de las particularidades que tendrán las elecciones programadas para dentro de 38 días, con un número de candidatos aún no plenamente total.

Sin embargo, es un hecho que el posible juicio contra el presidente, ya despojado de su inmunidad y como un ciudadano común y corriente, le permitirá conocer en carne propia cómo funciona el sistema judicial en Guatemala, mientras desde la perspectiva de los medios informativos nacionales, y sobre todo internacionales, llamará la atención y será cubierto en muchos de sus detalles.

En la práctica, es motivo de análisis si tiene sentido la renuncia del gobernante, a causa de que apenas le quedan cinco meses y medio para entregar el poder. Realmente son altas las posibilidades de que ese juicio sea realizado en el período interelectoral de la primera y segunda vueltas, que comienza dentro de 41 días. La impopularidad del régimen es un hecho incontrovertible e histórico, y ello en Guatemala solo significa la pérdida de prestigio de quien fue electo presidente hace tres años y medio. Pese a esas consideraciones, el juicio en el Congreso es una realidad ineludible que se observa en el horizonte.