Queriendo burlarse de la gente del pueblo, un pastor de nombre Pedro pedía a gritos que lo ayudaran porque el lobo quería comerse a sus ovejas, lo cual no era cierto. Una vez, dos veces, tres veces hizo lo mismo. La gente corría a ayudarlo hasta que, a la tercera llamada, ya nadie acudió. Esa vez el lobo sí se comió a las ovejas. El relato se llama Pedro y el lobo.

Me gusta la imagen. Se parece a los lloriqueos de los operadores político-diplomáticos del gobierno de Otto Pérez Molina (OPM) ante la comunidad internacional. Solo que el grito esta vez fue: “auxilio, rompimiento del orden constitucional en Guatemala”. Tanto en la cumbre de la Celac/UE como en la Asamblea de la OEA fueron a decir que el lobo de la ruptura institucional se comería a Guatemala si ellos no lo detenían. El mismo trabajo hicieron con la comunidad internacional radicada en el país. Y esta, como en el cuento de Pedro, salió en su ayuda. Curiosamente, las y los guatemaltecos nos enteramos de este supuesto e inminente rompimiento por diversas publicaciones que llegaron de fuera, no por quienes tenían la obligación de anunciárnoslas frente a tamaña amenaza.

Surgen inquietudes. ¿De qué orden constitucional hablan? ¿Cuál es el propósito real de invocar al lobo? ¿Están sosteniendo un orden que protegerá al siguiente partido político en el poder? ¿Quiénes han roto, una y otra vez, el orden constitucional del país? Para muestra un botón: la resolución de suspender el antejuicio contra OPM, fundada en un amparo sin legitimidad, emitida por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) (que siempre hemos sabido en qué cancha juegan), más una magistrada (que ahora también ya sabemos). Y de allí hacia atrás, las resoluciones emitidas (por esos mismos magistrados más el que ahora ocupa el puesto de vicepresidente de la República cuando era parte de la CC) en los casos de la elección de jueces y magistrados de la CSJ, en el juicio por genocidio contra Ríos Montt, y en el caso de la salida anticipada de Paz y Paz del MP. No cabe la menor duda: ley no es lo mismo que justicia, y lo legal no siempre es legítimo.

Los partidos políticos y ciertos grupos de poder, vía el secuestro de las instituciones del Estado encargadas de preservar el orden constitucional que supuestamente hemos de defender a toda costa, nos tienen escudando una gran mentira, un orden de fachada que le sirve a esta partidocracia para eternizarse en el poder. La institucionalidad republicana o democrática (nómbrela usted según su gusto, porque de todas maneras es una ilusión) se ha vuelto una expresión sin contenido en Guatemala. Con este Congreso de la República, con esta Corte de Constitucionalidad, y con este presidente de la República, dígame de qué institucionalidad hablamos. Y súmele la Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Salud, solo para hablar de los que ahora han sonado más. Tener una Constitución (que tantas veces se pasan por el arco del triunfo) no significa que tengamos un orden constitucional.

Por “suerte”, frente a estas tácticas de victimización gubernamental para el sostenimiento del statu quo, ha nacido un nuevo sujeto político que ya no consume pasivamente los discursos del poder y que ya tiene conciencia de su responsabilidad ciudadana. A ese sujeto político hay que ponerle, además, un apellido ineludible: el de lo ético. Porque de nada nos serviría tener un país lleno de sujetos políticos que se subieran al carro de la corrupción y la impunidad.

Ya no queremos esta institucionalidad de lo perverso, este desorden constitucional, ni esta partidocracia. Queremos el establecimiento de un nuevo orden democrático. Por ello, no estamos dispuestos a que ningún lobo disfrazado con piel de oveja termine comiéndose a Guatemala. Esto apenas empieza.

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