La cobertura forestal en Guatemala está disminuyendo de forma acelerada, a causa de la tala ilegal de los bosques y los incendios forestales. La fauna silvestre está siendo cazada y traficada por guatemaltecos que venden el patrimonio natural del país al mejor postor. Existe un marco jurídico débil e insuficiente para aplicar la ley a estos criminales que hacen de las suyas, algunas veces en confabulación con las autoridades. La corrupción enquistada en el Estado afecta también a la biodiversidad y los bosques en Guatemala.

Existen esfuerzos locales para reducir la tala de bosque y comercio ilegal de fauna silvestre; en Petén Balam, WCS, El Foro de Justicia, Defensores, el Conap, la Mesa Intersectorial, Aacofop y algunos alcaldes; con el apoyo financiero de Usdoi, Usaid, USFWS, INL, IWT-DFID y Flegt hacen lo que pueden para atender este problema con consecuencias nefastas para el país. La participación del resto del Estado es urgente y obligada. Con FAO, UICN y otros socios estamos impulsando la reactivación de la Mesa Nacional contra la Tala Ilegal; una acción que requiere del compromiso urgente y voluntad del actual vicepresidente de la República. Necesitamos en esta plataforma de coordinación interinstitucional lanzar un pacto nacional contra la tala ilegal del bosque y tráfico de la fauna silvestre; con acciones concretas, sin mucha filosofía, discurso, diagnósticos y demagogia.

Proponemos en este pacto: a) creación de una fuerza de tarea interinstitucional especializada para combatir el tráfico ilegal, formada por Diprona, Ejército, Conap, Inab y Ministerio Público, trabajando en las áreas más urgentes; b) la criminalización del delito ambiental, por parte del MP, tomando en cuenta que los traficantes de fauna y madera forman parte de las estructuras criminales enquistadas en el país; c) Replicar el Juzgado Ambiental que existe en Petén en otras regiones como Izabal y el occidente de, país; d) mejorar la fiscalización de las actividades forestales y el control de los embarques de madera que salen en las aduanas y puertos del país; e) fortalecer la colaboración con México y Belice para evitar el trasiego internacional ilegal de madera y fauna silvestre; y f) proveer de alternativas económicas a las comunidades alrededor de estos patrimonios. Estas acciones requieren el concurso de todos, incluyendo el sector privado, alcaldes, organizaciones y comunidades. Tarea alcanzable si nos proponemos medir la voluntad política de los actores.

Señor vicepresidente, debemos reactivar la Mesa Nacional contra la Tala Ilegal y asumir el liderazgo y compromiso de lanzar este pacto nacional en coordinación con el Conap y el Inab. Invitamos al presidente del OJ a replicar el modelo exitoso del Juzgado Ambiental. A la Fiscal General, afortalecer el combate de las estructuras criminales que se dedican al tráfico ilegal de madera y fauna silvestre. Necesitamos que estas entidades cuenten con más recursos. El Congreso debe aprobar el aumento a sus presupuestos sin excusa alguna. Los guatemaltecos hagamos nuestra tarea: ¡denunciemos el tráfico ilegal de madera y fauna silvestre!