La Reforma Constitucional (RC) en temas de justicia nació a partir del reclamo de la sociedad por transformar el sistema (2015). Había claridad respecto a la necesidad de cambiar el modelo de elección de las magistraturas y garantizar a través del fortalecimiento de la carrera judicial jueces independientes.

Uno de los puntos de consenso de quienes asistimos a la Plaza y/o formamos parte de espacios de discusión y generación de propuestas como la Plataforma Nacional por la Reforma del Estado fue que era imprescindible cambiar las reglas del juego del sistema electoral y político y del sistema de justicia, si realmente queríamos combatir la corrupción y la impunidad.

Sin un sistema de justicia independiente, por más que las investigaciones sean sólidas, se hace casi imposible castigar y desarticular redes criminales, porque siempre habrá un juez/a o magistrado/a que pague los favores y les procure impunidad. De justicia pronta y cumplida, nada.

La propuesta de RC tenía tres ejes: el reconocimiento del pluralismo jurídico, el cambio de la arquitectura institucional del Poder Judicial y la eliminación del derecho de antejuicio, fruto de tantos de nuestros males. El primero y el tercero lamentablemente se perdieron, ya en otras columnas he analizado las razones. Queda sin embargo el segundo eje, el del cambio sustancial del sistema, ese que algunos llaman “el corazón de la reforma”. Y ese corazón tiene tres componentes centrales, que están concatenados para que la cosa funcione; si uno se pierde, la reforma perdería sentido.

El primero es el fortalecimiento de la carrera judicial como requisito indispensable para garantizar independencia a la hora de juzgar; el segundo es el cambio del mecanismo de elección de las magistraturas, es decir, la eliminación de las comisiones de postulación que han sido cooptadas; y el tercero la creación del Consejo Nacional de Justicia (o Consejo de Administración Judicial), que tiene como objetivo principal la separación de funciones jurisdiccionales de las administrativas. Si se elimina alguno de estos elementos no hay reforma posible, y es precisamente a eso a lo que le apuestan sus detractores.

Si se analizan los actores empeñados en traerse abajo el proceso de RC, se distinguen al menos tres grupos a los que podríamos denominar colectivo de derecha extrema pro impunidad: aquí están los militares en retiro y sus adláteres que quieren evitar a toda costa que continúen los juicios por las gravísimas violaciones a derechos humanos (justicia transicional); una facción de los “cabales” impulsados por lo que consideran un ataque ideológico al sector empresarial a través de los procesos penales por temas de corrupción (financiamiento electoral ilícito), y evasión de impuestos; y los exeferregistas (sí, los mismos del Jueves Negro) cuyo fundador Efraín Ríos Montt enfrenta un proceso por genocidio y uno de sus hijos por un millonario desfalco en el Ministerio de la Defensa. En síntesis, un grupo de la derecha oligárquica en alianza con un grupo de la derecha que se ha llamado a sí misma “antioligárquica” unidos para procurar impunidad, con barras bravas incluidas.

Su lectura es bastante simple: si las reformas no se aprueban, no habrá cambios en el Poder Judicial y continuarán gozando de privilegios a través de sus alfiles dentro del sistema; además, calculan que la derrota del proceso de reformas debilitará a la Cicig y solo será cuestión de tiempo terminar con esta oleada de investigaciones y persecución penal. La pregunta es si el resto de la sociedad está dispuesto a que esto ocurra.