La arremetida del #PactoDeCorruptos sigue en progreso. Enero 2019 será un mes que puede traer cambios en la correlación de fuerzas tanto a escala  global como local y se blindan frente a la posibilidad de que les sea adverso. Por eso han acelerado el ritmo con el que pervierten todas las herramientas que ofrece el sistema democrático para prolongar su control, hasta que puedan asegurarse un ciclo más de impunidad.

Llevar a la edificación de un sistema jurídico sólido no es una tarea fácil ni exenta de tropiezos, porque tal posibilidad está sometida a procesos que deben ser incuestionables, cuyos impulsores también deberán ser éticamente intachables. En sus manos está la impartición de justicia y la persecución penal, que deben ser totalmente independientes.

Ante la coyuntura de nuestro país con altos índices de criminalidad, corrupción galopante, que parece que al podarla florece más, impunidad de los políticos, violación reiterativa de las leyes, la sociedad guatemalteca quiere encontrar culpables, aunque no lo sean, y vemos como los pobladores están aplicando la justicia por sus propias manos, sin tener los elementos de juicio suficientes para aplicarla. Es evidente la alegría de muchos cuando se realizan redadas para capturar personas sospechosas de haber cometido un delito, en donde justos pagan por pecadores. Los más informados, bien relacionados y acaudalados, casi siempre escapan a la justicia, temiendo enfrentar a la justicia, pero sobre todo enfrentar la situación calamitosa, degradante y sobrepoblada del sistema penitenciario. Por otro lado gran número de personas inocentes son encarcelados, al ser incluidos en las redadas, muchas veces por malos procedimientos administrativos que los comprometen o simplemente porque son inculpados por testigos a los que se les ha comprado ya sea por dinero o por arreglos en sus condenas, como quedó evidenciado recientemente en el caso Gavilán y otros en los que existen fuertes sospechas que los escenarios fueron arreglados para quedar bien con los donantes, con el pueblo de Guatemala o con objetivos políticos.

En los últimos meses hemos sido testigos del avance de la estrategia proimpunidad que aglutina a poderosos sectores del país que se han visto señalados por las investigaciones del MP y la Cicig.

Una evaluación al trabajo del sistema de justicia en Quetzaltenango en los últimos diez años señala que la impunidad es del 96 por ciento. El dato fue compartido durante el segundo Diálogo Ciudadano organizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con apoyo de la cooperación alemana (GIZ).