Juan Jiménez Mayor, quien encabezó entre 2016 y 2018 la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), consideró que el envío de Hernández para ser procesado en una corte federal en Nueva York se relaciona con la “ineficacia” del sistema de justicia hondureño.
“La extradición tiene que ver con la propia incapacidad del Estado hondureño para poder procesar delitos de corrupción o de narcotráfico de la magnitud que se está planteando en este caso”, afirmó durante un foro organizado en Washington, haciéndose eco de declaraciones del exfiscal hondureño Ángel Edmundo Orellana.
Jiménez Mayor, mencionado para liderar la nueva comisión anticorrupción que busca instalar en Honduras la sucesora de Hernández, Xiomara Castro, subrayó que la falta de decisión política para combatir el crimen fomenta la impunidad.
“‘No hay que nombrar a los mejores, sino nombrar a los mejores amigos’: esta frase tremenda es lo que nos da la idea de qué buscan los políticos cuando se entrometen en temas vinculados a la justicia”, señaló.
“Y esto es grave”, aseveró.
Pero la impunidad, agregó, no se limita a Honduras, y resaltó en particular la “masacre” en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele decretó el domingo el estado de excepción tras el registro de 76 homicidios en dos días.
“Estamos en crisis por el avance de la criminalidad en la región y por la ineficacia de nuestros sistemas penales para responder a estos desafíos enormes que tenemos”, enfatizó.
También resaltó el aumento de las tasas de homicidio en Ecuador, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Chile.
“La clave es superar el problema de impunidad que tenemos en la región”, aseguró, porque “si las instituciones de justicia no son eficaces para combatir el delito, pues el delito va a tener una enorme posibilidad de incrementarse”.
Jiménez Mayor participó en un debate virtual sobre el papel de las fiscalías en la democracia, invitado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El jurista peruano, quien también fue primer ministro de Perú y ministro de Justicia del gobierno de Ollanta Humala, renunció a la MACCIH en febrero de 2018, aduciendo falta de apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La MACCIH, creada en 2016 por un acuerdo entre Hernández y la OEA, finalizó sus funciones en enero de 2020 luego de que el gobierno hondureño no renovara su mandato.
