Editorial

La ciudadanía ya no debe ser presa de los presos

Los síntomas son clarísimos y los diagnósticos han sido repetidos sobre el colapso del Sistema Penitenciario: el reciente hallazgo de toda una red para proveer de señal inalámbrica a reos de la cárcel de El Boquerón o la fuga de docena y media de presos de la comisaría policial de Santa Eulalia, Huehuetenango, evidencian la falta de protocolos de seguridad, el manejo avieso de reclusos y la vulnerabilidad a la corrupción que hace permeable a todo el sistema.

Las prisiones son una especie de infierno alterno que tiene constante conexión y asedio hacia la sociedad, mediante la organización impune de extorsiones en contra de la ciudadanía trabajadora. Los juicios y sentencias contra pandilleros o bien imitadores poco han incidido en la reducción de uno de los mayores frenos al microemprendimiento y con ello un verdadero lastre para que miles de familias puedan salir de la pobreza en áreas urbanas. Es absurdo, vergonzoso e indignante observar videos en los cuales sicarios que no llegan a la mayoría de edad se encargan de cumplir ilegales sentencias de muerte dictadas desde sectores carcelarios que tienen mejor conectividad, mejor señal y más gigas de velocidad que muchísimas escuelas.

Mucho se ha discutido —y también gastado— sobre la necesidad de instalar bloqueadores de cualquier tipo de señal, pero quizá sería más sencillo contar con un sistema legalizado y viable de interacción con las empresas prestadoras del servicio para que puedan cortar este tipo de conexiones. Con el avance de las tecnologías actuales, que localizan con alta precisión la ubicación de cada dispositivo, no debería ser una tarea que afecte a terceros y se constituiría en un verdadero aporte social.

El Ejecutivo denunció hace más de un año el abuso de la prisión preventiva para culpar directamente a un ente internacional que ya no existe, pero el problema preexistía y persiste. Se calcula que hay unas 12 mil personas recluidas de forma preventiva, que quizá podrían ser sujetos de medidas sustitutivas, pero esto no avanza a causa de la lentitud del sistema judicial, el desinterés del Ministerio de Gobernación por implementar el sistema de tobilleras electrónicas y la indiferencia de los diputados que únicamente reviven el tema cuando existen ulteriores intereses. La hipocresía y la ineptitud se mezclan de forma perversa y ocasionan la actual saturación de los centros penitenciarios dominados por complejas y poderosas mafias.

El cobro de la infame “talacha” continúa con total desfachatez. Las autoridades penitenciarias fingen demencia o inventan excusas para rehuir el tema. Ya son varias las brutales golpizas e incluso asesinatos que ocurren en los penales a causa de la negativa a pagar la exacción. La sociedad en conjunto no debería voltear la mirada y pretender que la bomba de tiempo del Sistema Penitenciario no existe. Se necesita un esfuerzo judicial serio, no para liberar a reos de alta peligrosidad, pero sí para procesar de otra forma a quienes son detenidos por un accidente de tránsito o por una noche de copas y no tienen antecedentes policiacos ni penales. Se necesita de una efectiva reclasificación de reos.

La finalidad de transformar el Sistema Penitenciario no debe ser únicamente el severo castigo para los criminales, también debe incentivarse la rehabilitación en la medida de lo posible, pero en todo caso primero está el objetivo de resguardar a la sociedad de los transgresores y no que estos la conviertan en presa de terror en total impunidad.