Quienes vieron la posibilidad de forjar una alianza en torno a los grupos que propugnan por frenar la lucha contra la corrupción y la impunidad ya habrán cobrado conciencia de su estéril esfuerzo, del enorme daño que se le ha causado al país y de las consecuencias políticas, económicas y sociales que se derivarán.

Varios analistas políticos y conocedores de asuntos judiciales señalaron desde el martes su extrañeza porque el presidente Jimmy Morales, al declarar unilateralmente terminado el trabajo de la Cicig, y a pesar de haber asegurado que continuarían los casos actualmente en proceso, se haya abstenido de señalar cómo sería esto si los representantes de esa entidad no podían presentarse a los juicios como resultado del ambiente hostil en su contra.

La decisión del presidente Jimmy Morales de terminar unilateralmente el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el inmediato rechazo del secretario General de la ONU, António Gutérres, abrió una nueva puerta de dudas, por haber sido rechazada la acusación gubernativa de que dicha entidad no atendió las peticiones hechas en su momento, como también afirmó la canciller Sandra Jovel ayer mismo, en New York.