Editorial
Seis meses de esperas, errores y socavones
La reciente improbación al estado de calamidad es la más reciente muestra de un escenario complicado para los cabildeos y acuerdos.
Tras cumplirse 180 días del gobierno de Bernardo Arévalo han sido múltiples las esperas, desde los nombramientos iniciales de funcionarios y los cambios de fondo en el manejo de ministerios, no solo en favor de la transparencia, sino también en cuanto a la eficiencia para la atención de múltiples emergencias estatales: las más visibles son los daños viales crónicos agravados por las lluvias de junio, las consabidas precariedades en la atención hospitalaria y la transformación del aparato educativo público en cuanto a infraestructura, pero también en relación con el sector magisterial, cuyo arcano pacto colectivo se negocia en estos días y el secretismo depende de una CC que ya ha mostrado su propia proclividad a hermetismos discrecionales.
Prácticamente sin bancada oficial en el Congreso gracias a un dictado de la CC y a un prolongado proceso judicial bajo reserva solicitado por el Ministerio Público y avalado por un juez afín, el Ejecutivo ha tenido que sortear su propio socavón a las iniciativas. La reciente improbación al estado de calamidad, con voto contrario de 84 diputados —entre abiertos opositores y supuestos aliados previos— es la más reciente muestra de un escenario complicado para los cabildeos y acuerdos. Pero incluso este contexto puede tener oportunidades para definir prioridades de nación en lugar de conveniencias unilaterales como ocurría con las aplanadoras pactadas a base de plazas fantasma y obras con dedicatoria.
La tardanza en la designación de gobernadores fue notoria e inusual, aunque al final prevaleció, en apariencia, el criterio de no priorizar a allegados o recomendados de diputados distritales; el apoyo declarado de la Asociación de Municipalidades pudo ayudar a mover la voluble veleta de los Codede, aunque siempre acarrea un precio con interés.
Otras tardanzas se registraron en la remoción de ciertos viceministros o de figuras polémicas como el director de Aeronáutica Civil Francis Argueta, pese al escándalo de las gradas y ascensores inservibles para el Aeropuerto. No todos esos retrasos se deben al Ejecutivo, tal el caso del presidente del Banco de los Trabajadores, Jorge Mondal, removido en febrero, pero reinstalado por la CC y destituido otra vez en mayo —por no tener los 10 años reglamentarios de carrera bancaria—, y de nuevo amparado provisionalmente por la CC, a pesar de la flagrante falta de un requisito legal.
El alza en el precio de productos de la canasta básica, agravada en parte por problemas viales, es una de las mayores presiones para el Gobierno, que en efecto y a la brevedad posible debe paliar la crisis o identificar focos de especulación. Y ya que se toca el área productiva, es notorio el diálogo constante entre el Gobierno y el sector privado organizado, tanto para la atención de carreteras como para dar impulso a las inversiones; de hecho, se dio el banderazo de salida a la reconstrucción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, mediante una alianza público privada, largamente saboteada por ciertos viceministros y diputados de la anterior legislatura, contra quienes, por cierto, aún no hay pesquisas del MP por obras inconclusas o en deterioro.
El escenario internacional sigue favorable a Guatemala, aunque el auténtico logro trascendental sería el otorgamiento de un estado de protección permanente para los migrantes guatemaltecos en EE. UU. Si somos el principal socio comercial y quizá el último aliado geopolítico sólido en la región, la Presidencia debería insistir en temas como más visas de trabajo, mayores inversiones y programas tangibles que mejoren la vida de los millones de guatemaltecos que generan la quinta parte de la economía nacional.
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