Derivado de los consejos de mi madre, siempre he evitado endeudarme y realizar compras de objetos prescindibles, y difícilmente hago compras a plazos.

Pero como la vida moderna exige algunos rápidos usos monetarios, hace años obtuve una tarjeta de crédito, fuera de la que manejo actualmente, de cuyo empleo procuro no excederme.

Uno de mis hijos, recién casado y con muy modestos ingresos en ese tiempo, me pidió una tarjeta adicional, solicitud a la que accedí, así como la empresa emisora.

Me desatendí de esa tarjeta y mi hijo en referencia la ha usado a su discreción, al igual que otras dos que obtuvo, cuyos saldos paga puntualmente, excepto cuando se encuentra fuera del país, como ocurre actualmente.

El caso es que el pasado fin de semana recibí un telegrama en el que aparece el nombre de Christian Tobar, como responsable, quien asevera que hizo varios intentos de comunicación hacia su persona (sic), lo que no es cierto porque tiene en su poder el número del teléfono al que me puede llamar.

Luego, señala que por incumplimiento de mi parte, el departamento jurídico de la empresa en la que trabaja presentará una demanda judicial en mi contra, a lo que tiene derecho, aunque me viene flojo que esa denuncia afecte mi récord crediticio ante todas las entidades comerciales y financieras del país.

Sin embargo, rechazo enérgicamente las implícitas amenazas y coacciones (delitos tipificados en el Código Penal), porque ese individuo asegura que la empresa que se supone representa procederá, sin previo juicio, a embargar (mis) cuentas bancarias y bienes, así como publicará mi nombre en los diarios de mayor circulación y me someterá al arraigo.

Sólo le falta anunciar que me quitará la visa para ingresar a Estados Unidos.

Llamé telefónicamente a Tobar con el fin de establecer el cuantioso monto que ha dejado de pagar mi hijo, quien retornará al país a principios del año entrante.

Aquel sujeto precisó que la astronómica deuda asciende a Q2,400, suma suficiente como para embargar mis modestos bienes, fuera de que seré puesto en la picota pública y se me vedará el placer de viajar al extranjero.

Como ignoro si Tobar representa la posición oficial de la empresa en la que trabaja o si actúa por cuenta propia, no menciono el nombre de ésta, pero también me reservo el derecho de proceder judicialmente.

(Romualdo quería que le concedieran la Orden del Quetzal o la Orden Francisco Marroquín, pero sólo consiguió que le dieran orden de captura).