Un espeluznante fenómeno social está ocurriendo en varios países latinoamericanos, que se refiere a la ola de violencia desatada contra las mujeres, miles de las cuales han sido asesinadas o desaparecidas, sin que, en la mayoría de los casos, se haya capturados a los responsables.

En lo que respecta a Guatemala, este año se incrementó el número de mujeres que aparecieron ultimadas en diferentes lugares, mientras que en México, particularmente en Ciudad Juárez y Tijuana, se documentaron 263 casos de mujeres asesinadas y cuatro mil 587 desaparecidas, según una nota informativa del diario mexicano Reforma, del pasado 28 de noviembre.

De acuerdo con el reportaje de Carmen Aristegui F., el procurador de los Derechos Humanos de aquel país, José Luis Soberanes, presentó un informe en torno a los asesinatos seriales cometidos contra mujeres, y al respecto la periodista cita a su colega Sergio González Rodríguez, autor del libro Huesos en el desierto y colaborador del mismo diario Reforma, quien señaló los nombres de un ?grupo importante de poder que debe ser investigado por presuntas responsabilidades, en una suerte de fraternidad criminal?. (sic).

Las personas mencionadas por el periodista González Rodríguez, son: Valentín Fuentes Téllez; Tomás Zaragoza Fuentes, del Grupo Tomza; Arnoldo Cabada, concesionario de televisión; Miguel Lerma Candelaria; Miguel Fernández, concesionario de una embotelladora, y Manuel Sotelo, de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.

Conviene advertir acerca de la presunción de inocencia, que, como se sabe, significa que todos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario, y de ahí que no estoy acusando al señor Zaragoza Fuentes de tener responsabilidad en los delitos que le atribuye el periodista González Rodríguez; pero llama mucho la atención que el anterior representante de suyo en Guatemala, su compatriota Alfredo González, también fue acusado de delitos penales en México, y su sucesor en las empresas Gas Metropolitano, Tropigás y Guategas, el igualmente mexicano Alfredo Esparza, ha sido señalado por los sindicalistas Juan Carlos Aguilar y Julio Montúfar, del Grupo Tomza, de acoso sexual y violación a su ex secretaria, así como de intentar desmantelar al sindicato, además de acusar a esas compañías de vender gas propano con peso inexacto, y de ahí que califican a todos esos empresarios de ser coyotes de la misma loma.

(El repartidor de gas Romualdo le dice a su mujer: Si alguno de los dos se muriera, yo me iría a vivir a Xela).