Las protestas ciudadanas y las caminatas de guatemaltecos indignados no parecen haber calado en los políticos y todo apunta a que resistirán con todas sus fuerzas los embates de sus críticos, a juzgar por las escasas muestras de enderezar el rumbo que se observan cuando existe alguna posibilidad de enmienda. Ni siquiera las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dan señales de influir en que algunas decisiones sean una clara demostración de decencia.

Este jueves, la alianza Líder-Patriota, que impone su agenda en el Congreso, dio una nueva muestra de contubernio. El primero de los partidos citados fingió que sus intenciones eran despojar del antejuicio al presidente Otto Pérez Molina, pero esa burda maniobra rápidamente quedó al descubierto al establecerse que lo habían hecho incurriendo en una serie de irregularidades que lo hacían inviable, algo que, de hecho, permitió que la Junta Directiva ni siquiera recibiera el dictamen, que se constituía en un fraude.

La jugada perversa era que antes de volver a elegir al nuevo miembro de la Pesquisidora y darle trámite al antejuicio, se aseguraron de que fuera electo primero el nuevo titular de la Corte de Constitucionalidad, un empleado del Congreso que ha trabajado durante años para el Partido Patriota. Algo que les da seguridad sobre cualquier decisión que se tome en ese alto organismo, sin importar si con ello se le acarrea mayor desprestigio, como seguramente se dirá en los próximos días.

Todo esto no hace más que evidenciar que deben ser muchos los esfuerzos de las organizaciones civiles y de la misma ciudadanía para que los cambios continúen. Los políticos y sus adláteres no parecen tomar en cuenta el descontento prevaleciente entre la población, que ha mostrado su hartazgo hacia los casos de corrupción descubiertos en áreas sensibles, como en el ente recaudador de impuestos, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y, ahora, en el Congreso de la República, donde se investiga la venta de plazas fantasmas o de trabajadores inexistentes.

Todo parece indicar que los políticos se sienten confiados con el poder que ostentan y que, en consecuencia, pueden seguir imponiendo su voluntad, lo cual les puede dejar la confusa idea de que se salen con la suya, y a lo mejor se sientan ganadores, sin tener en cuenta que en esto perdemos todos, pero más los guatemaltecos que necesitan el auxilio estatal. Por ello es que cuando persisten en sus malas prácticas solo están enviando un mensaje más sonoro de lo nefasto que puede ser el poderío de sistema corrompido.

Hace pocos días, integrantes del Foro Guatemala se presentaron en el Tribunal Supremo Electoral para pedir que no inscriban a candidatos que no son idóneos. Ayer hicieron algo similar, al acudir a la Contraloría General de Cuentas, en demanda de que tampoco se extienda finiquito a candidatos cuestionados y, sobre todo, que se denuncie a los jueces que han avalado a esos aspirantes que claramente retuercen la justicia.

Queda claro que la batalla no está perdida y que aunque todavía hay mucho por hacer tampoco se puede permitir el triunfo de un modelo corrupto.