Los guatemaltecos indocumentados —no ilegales— residentes en Estados Unidos se encuentran a un paso de recibir el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), ya que 10 congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, enviaron el lunes pasado una carta en la cual urgen al secretario de Seguridad Nacional designar a Guatemala para que sus ciudadanos se beneficien de esa medida del gobierno de ese país.

Debe recordarse que los guatemaltecos pudieron haber recibido ese beneficio hace 16 años, cuando fue ofrecido debido al huracán Mitch, pero el entonces presidente, Álvaro Arzú, afirmó que no lo necesitaban. Los congresistas firmantes señalan que desde el 2010 el gobierno de Guatemala ha solicitado varias veces el TPS, sin obtenerlo, y que la Ley de Inmigración permite que se otorgue cuando “el país es incapaz de manejar el retorno de sus nacionales adecuadamente”.

La carta hoy comentada es resultado de la tarea de convencimiento que ha realizado desde hace algún tiempo la embajada guatemalteca en Washington. Llama la atención el uso de la palabra urgir, que tanto en inglés como en español tiene un significado muy claro: “exigir algo con urgencia” y “conducir a alguien a una rápida decisión”. A esto se agrega que los congresistas estadounidenses sí tienen poder real de petición. Aunque todavía no es una realidad, sin duda se trata de un avance muy importante en búsqueda del beneficio, tanto de los guatemaltecos indocumentados como de sus familias residentes ya sea en Guatemala o en Estados Unidos.

En la carta, los congresistas señalan que “la renovación de la Cicig demuestra el compromiso de la población guatemalteca para mejorar el estado de Derecho en el país”. Esto debe ser interpretado como una reacción positiva, pero que habría sido negativa si Guatemala se hubiera mantenido en la posición de rechazar a la institución de la ONU.

No se puede olvidar que los indocumentados constituyen uno de los grupos más vulnerables de Guatemala, porque es permanente su angustia de caer en manos de las autoridades migratorias, lo que se traslada también a quienes se benefician o pueden vivir medianamente bien porque reciben el dinero de las remesas. A todo esto contribuye el calificativo de “ilegales” con el que se insiste en llamarlos, muchas veces por razones políticas.

En Prensa Libre no podemos dejar de comentar este hecho, porque hemos sido aliados permanentes del movimiento pro inmigrantes en Estados Unidos. El Gobierno debe agradecer el gesto a los congresistas estadounidenses y respaldar a la Embajada para que el TPS sea realidad lo antes posible.

Solo queda esperar la decisión que tome el Ejecutivo estadounidense, inmerso en un fuerte debate en el Congreso, precisamente por temas migratorios. Hay una luz al final del túnel, para que cambie radicalmente la situación de los inmigrantes indocumentados en cuanto a sus derechos ante las leyes locales y sus condiciones salariales.