representa un hito y avance sociopolítico de la cultura democrática de Colombia, ya que paulatinamente se está construyendo el difícil entramado socioideológico —condición sine qua non de cualquier proceso pacifista—, que debe armonizar una gama de intersubjetividades, tabúes y desconfianza mutua entre los representantes del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), esto supone un desafío compartido para los países garantes —Noruega , Cuba, Chile y Venezuela—.

Empero, en las entrañas del proceso dicho capital social entre ambas partes es solamente un factor complementario, pues es altamente necesario que entre en vigor el prometido proyecto “Marco legal para la paz”, instrumento jurídico que debe exigir el pronto cese bilateral al fuego y la búsqueda de una solución política para el fin del conflicto, porque el simple hecho de que las fuerzas públicas no hayan suspendido sus actividades contra la insurgencia, es un negativo indicador de “voluntad política” de parte del Gobierno en aras de reducir la latente hostilidad entre los principales negociadores —Pearl, Jaramillo, Éder, Avendaño, de la Calle y Santos (Gobierno), y Mauricio Jaramillo, Márquez, Granda, Calarcá y París (FARC) entre otros, respectivamente—.

No debe olvidarse que durante la presidencia de Álvaro Uribe se implementa la Política de Seguridad Democrática —doctrina para el combate frontal contra grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales, incluyendo el “narcoterrorismo”—, dicha ofensiva militar respaldada por Estados Unidos y que comenzó en el 2000 redujo las filas de las FARC a unos 9.000 combatientes, liquidando a varios comandantes míticos —Tirofijo, Mono Jojoy, Alfonso Cano, etcétera—. Aunque en verdad, la política impulsada desde Washington no ha frenado la violencia y ha favorecido el irrespeto a los derechos humanos, como en el período de los setentas y ochentas.

Quizá el momento más acalorado y polémico entre ambas partes, que puede congelar las negociaciones y botar el proceso por completo, sea cuando discutan sobre el abordaje de problemáticas estructurales de país como la reforma agraria, participación política incluyente, el narcotráfico, endeudamiento externo, uso y conservación de los recursos naturales, renegociación de tratados internacionales, el resarcimiento a las víctimas, y la reinserción de los rebeldes en la sociedad —empleo y ejercicio pleno de sus derechos civiles—, ya que el éxito del proceso depende de concertar mínimos comunes en ambas trincheras.