Con cuatro de sus últimos presidentes en prisión o acusados de delitos, el Congreso enfrenta otra inevitable tormenta. Pese al alegato de persecución política y hasta represión a su libertad de acción y expresión, Godofredo Rivera —presidente del 2012-2013; Pedro Muadi —2013-2014—, Arístides Crespo —2014-2015— y Luis Rabbé —2015-2016— enfrentan señalamientos del Ministerio Público y la Cicig por malos manejos, plazas fantasma y otros delitos que deben ser aclarados para bien del país.

A fin de entender la realidad del caso y no dejarse llevar por los destemplados alegatos de Rabbé, por ejemplo, se debe recordar que la razón para incursionar en la política es el parentesco que tuvo con Ángel González, el mexicano que controla el monopolio de la televisión abierta, quien ha sido citado en el informe de la Cicig por haber sido un factor de distorsión de la política y la democracia, tras numerosos y sospechados arreglos con Serrano, Arzú, Portillo, Colom, Berger, Pérez Molina e incluso Morales.

El tránsfuga Rabbé tiene capacidad de influir a través de manipular los medios de comunicación de González, a quien —dicho sea de paso— el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, hace algún tiempo calificó de “ángel de la democracia”. Incapaz exministro de Comunicaciones, ha sido un elemento de distorsión. No sorprende a nadie el escándalo.

Respecto de Crespo, es oportuno recordar que su carrera ha estado protegida por un velo de silencio misterioso, siempre ejerciendo el poder tras bambalinas, mientras obtiene ventajas gracias a tráfico de influencias y, evidentemente, una corrupción que por primera vez se documenta y sale a luz pública.

Originado en el sindicalismo magisterial, ha sido uno de los principales traficantes de influencias. Se creyó por mucho tiempo que era militante fiel al riosmontismo, pero el paso de los años ha dejado al descubierto su mimetismo y transformismo políticos, moviéndose de acuerdo con lo que desde afuera de los corrillos del Parlamento se interpreta como la permanente subasta de voluntades, votos y liderazgo.

Rivera y Muadi tienen en común su justificada imagen de haber presidido el Congreso en un penoso y muchas veces torpe papel de marionetas para ejecutar las órdenes, ilegalidades y componendas que llegaban desde la Presidencia y Vicepresidencia de la República del período patriotista.

Hay que entender que no se trata de una acción de orden político. No es una persecución por temas de ideología o a raíz de sus iniciativas. Ninguno de los cuatro expresidentes del Legislativo puede ser considerado líder. Se les persigue judicialmente por haber robado gracias a plazas fantasma, al haber encontrado el MP y la Cicig numerosos y suficientes indicios de continua y variada corrupción. Todos ellos representan, junto a una muy larga cantidad de personajes opacos y nefastos, a una clase política vergonzosa que es el lamentable e inevitable resultado del abuso y burla a la democracia. Por ello deben desaparecer del escenario público lo antes posible, para que el país evolucione.