EL ASESINATO DE TRES PERIODISTAS en una semana es la prueba contundente de la impunidad con que opera el crimen organizado coludido con funcionarios ediles en Suchitepéquez. En el lapso de cuatro días fueron muertos a balazos Danilo López, corresponsal de Prensa Libre; Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, y Armando Villatoro, camarógrafo de la empresa Servicable. Ellos son la prueba de la indefensión en que se encuentra la libre emisión del pensamiento y de cómo los periodistas departamentales afrontan la peor parte por trabajar en un área geográfica donde la inoperancia de las autoridades es una muestra de que sobrevivimos en un Estado fallido.

LAS REVELACIONES QUE HIZO López, dadas a conocer en la entrevista que publicó este medio el domingo pasado, dejan al desnudo la existencia de un poder omnímodo en Suchitepéquez. En esas declaraciones el periodista se refiere a un grupo con vínculos con el crimen organizado y la forma en que operan autoridades ediles que se apropian de fondos municipales. El corresponsal había informado sobre las evidencias de corrupción de los alcaldes de San Lorenzo, José Linares Rojas, y de Mazatenango, Óscar Roberto Lemus. A ambos los llevó al poder el Partido Patriota y ambos amenazaron de muerte a López por atreverse a informar sobre sus corruptelas.

EL ATAQUE A BALAZOS dirigido contra López y ejecutado por dos sicarios en pleno parque central, frente a la sede de la Gobernación Departamental y ante decenas de personas, tenía un objetivo terrorista: crear pánico en la población y enviar un mensaje de que eso le pasaría a quien osara denunciar las operaciones de narcos y la corrupción de jefes ediles. El operativo criminal supuso un alto grado de impunidad a sabiendas de que en esa localidad las autoridades se hacen de la vista gorda. Ya en el 2013 había sido asesinado el periodista Carlos Orellana sin que pasara nada. En Suchitepéquez impera la ley del crimen organizado. Según testigos presenciales del ataque, Artemio de Jesús Ramírez, quien habría disparado en el parque, se refugió en la casa del exalcalde de El Asintal Marco Tulio Robles, luego de perpetrar el hecho. Robles negó esa afirmación pero reconoció que Ramírez, el presunto matón capturado, es familiar de su esposa.

ESOS CRÍMENES SE HUBIERAN podido evitar si las autoridades hubieran actuado oportunamente. Desde abril del 2013, López había presentado una denuncia en el Ministerio Público por amenazas del alcalde de San Lorenzo, por haber publicado que este había ejecutado Q2.8 millones en obras inexistentes, irregularidad reportada por líderes comunitarios. Ni la denuncia avanzó en el MP ni la investigación contra el jefe edil. El Ministerio de Gobernación confirmó que en Suchitepéquez opera un grupo familiar con nexos con el narcotráfico, el que también había amenazado a López por informar sobre sus operaciones. Si las autoridades sabían de las actividades ilícitas de esa organización, ¿por qué no habían actuado? Tras el asesinato, se aceleraron las capturas por la fuerte presión de periodistas y la ciudadanía, por lo que es importante mantener la exigencia de que se capture y condene a los autores materiales e intelectuales de estos despreciables crímenes.

@hshetemul