Cuando se escucha la descarnada comunicación que sostenían quienes determinaban los insumos que debían adquirirse en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no se puede más que experimentar una profunda abominación hacia las personas involucradas en ese inmoral negocio. La frase es lapidaria: “La salud es un negocio”, y es la que expresa Alejandro Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, uno de los implicados en la red de corrupción denominada por las autoridades del MP y la Cicig como Negociantes de salud.

Pese a que usualmente se da por hecho que existe este tipo de oscuras transacciones en la administración pública y entidades semiautónomas, no deja de causar sobresalto cuando se conocen detalles pormenorizados de tan indecorosas negociaciones. De hecho, la frase mencionada está contenida en la conversación que Toledo sostuvo con César Estuardo Hernández Monroy, jefe de Oncología del IGSS, personas que se suponía comprometidas con el servicio a los pacientes.

Lamentablemente, el modelo de compras en el sector público ha sido convertido, por sucesivas administraciones, en un juego de negociaciones inmorales entre operadores externos, que establecen contactos con los grandes proveedores y personal de las instituciones que erogan millones de quetzales en compras disfrazadas de legales y necesarias, supuestamente para brindar atención a las miles de personas que a diario buscan alivio a sus dolencias.

Ahora se comprende por qué desde hace meses el IGSS afronta una aguda crisis en el inventario de medicamentos, la cual tiene una variante perversa en la extensión de prescripciones de fármacos que no necesariamente son los que los pacientes necesitan, pero sí los que a los proveedores les conviene vender para obtener ganancias.

Un precedente nefasto se encuentra en el reciente escándalo del fraude en la atención a pacientes renales, hecho por el cual se encuentra en prisión la anterior junta directiva del Seguro Social y, lamentablemente, en la tumba más de 30 afiliados, víctimas de la ineficiencia y la falta de escrúpulos.

Es obvio que las mentes criminales detrás de este negocio tenían en poca estima el valor de las vidas de guatemaltecos afiliados, pues su mezquino objetivo era incrementar el volumen de los negocios personales, lo cual incluía a médicos del IGSS, que eran premiados con viajes de lujo patrocinados por los vendedores de los medicamentos recetados interesadamente.

Las autoridades encargadas de la persecución penal también deberían ahondar en la investigación de cómo estas transacciones pudieron causar muertes de pacientes, un aspecto que no solo agravaría las consecuencias de este fraude, sino que representaría la posibilidad de una mayor sanción en contra de los facinerosos que lucraron a costa del dolor de miles de afiliados.

FE DE ERRATA: en nuestro editorial de ayer se consignó de manera errónea que el principal acusado por este caso era Roberto Alejos Cámbara, cuando lo correcto es Gustavo Alejos Cámbara. Ofrecemos disculpas al aludido y a nuestros lectores.