En el caso de los ingresos públicos la situación no tiene por qué ser diferente, y por ello es que los gobernantes siempre nombran en las dependencias respectivas a colaboradores de confianza, para poder contar con el experto consejo de quienes saben administrar los recursos, tienen la destreza de evitar el despilfarro o pueden sugerir las mejores inversiones. Un panorama que solamente puede diferir cuando se falla en la selección del personal o se tolera la ineficiencia en la tarea encomendada.

Esto adquiere relevancia luego de que ayer se supo de un reciente acuerdo emitido por el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mediante el cual esa dependencia queda facultada para contratar a una empresa que la asesore y le ayude a incrementar la recaudación tributaria. Esos servicios pueden resultar de alta rentabilidad, porque se establece una bonificación de hasta 30 por ciento sobre el excedente de la meta de obtención, lo cual puede traducirse en una cifra millonaria.

La reflexión obligada sobre ese acuerdo es determinar si las autoridades de la SAT están plenamente conscientes sobre las implicaciones de esa medida, pues podría estar quebrantando el texto constitucional que estipula que son indelegables las funciones del Estado. Cabe recordar también que por acciones similares ya existen expedientes abiertos en contra de algunos jefes edilicios, precisamente por haber endosado a empresas privadas el cobro de impuestos sobre inmuebles, lo cual era a todas luces una anomalía con discutibles beneficiarios.

Todavía peor es siquiera pensar un escenario en el que las más altas autoridades de la SAT estarían reconociendo su incapacidad para cumplir con sus obligaciones de recaudación, y lejos de enmendar el rumbo corren el riesgo de incurrir en mayores desaciertos como los de delegar tareas en terceros, lo que incluso hace creer seriamente en la viabilidad de la misma institución. Con los recursos de que disponen, bien harían en contratar una asesoría previa que determinara plenamente cuáles son los alcances legales del pretendido plan.

No se puede aplaudir una iniciativa como la que recién ha aprobado el directorio de la SAT, y no importa que se argumente que con ello aumentará la recaudación tributaria, porque las grandes fallas en este objetivo se deben a la ineficiencia de quienes tienen la misión de mejorar los ingresos fiscales, y la tarea se agrava con la equivocada designación de los principales cuadros, que lejos de colaborar se ponen al borde de la ilegalidad con medidas que ponen en entredicho la esencia misma de la institución.