En un mundo digital, en el cual la tecnología ha venido a transformar la forma de llevar a cabo nuestras operaciones, es totalmente inadmisible que el sector público guatemalteco continúe viviendo en la “era del sello”, en el cual no contar con una estampa en un papel convierte a todo un organismo en una entidad inoperante.

Mientras el resto del mundo habla de la inteligencia artificial y el ChatGPT, en las instituciones públicas guatemaltecas sigue prevaleciendo el sello, el color del fólder, el timbre, la firma en bolígrafo color azul y la grapa. Un expediente no puede tramitarse si no cumple con todos los requisitos sin sentido que se han establecido. Hay procesos repetitivos que no agregan valor y que solamente convierten a la institución en un ente lento, con poca capacidad de acción. En las organizaciones privadas, por supuesto, que existen controles, procesos, políticas y estándares con el fin de promover el orden, la calidad y la transparencia en la gestión, así como reducir riesgos. Sin embargo, también han sido creados para incrementar la eficiencia y la productividad, lo cual es vital para ser una empresa competitiva ante un mundo cada vez más exigente.

Lo mismo debe aplicar a nivel país. No podemos esperar ser competitivos, atraer inversión y crecer económicamente como nación en beneficio de los guatemaltecos si seguimos con una excesiva burocracia en las instituciones públicas. En agosto del 2021 entró en vigor la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, que promueve la simplificación de trámites y la transparencia en las diferentes dependencias del Organismo Ejecutivo.

Esta ley contempla beneficios como: 1) Facilitación de la tramitología, al eliminar requisitos repetitivos y disminución de pasos, con ello reduciendo el costo y tiempo para el usuario, y 2) la implementación de medios digitales para dicha facilitación. Con ello se logran trámites más claros, incrementando la transparencia y eficiencia de los procesos.

La facilitación y simplificación de trámites administrativos no solo deben aplicarse de cara al usuario, sino que se debe ir un paso más allá, al hacer el ejercicio a lo interno de las entidades públicas. Se debe hacer un análisis de los procesos, de manera que se eliminen los procedimientos obsoletos, que generan burocracia interna e ineficiencia. De igual forma, se deben sistematizar los procesos, haciendo uso de la tecnología. Con agilidad y trazabilidad se aporta a la transparencia, al dinamismo y a la reducción de costos, representando así un beneficio para la entidad pública. Si esto se replica a nivel de todas las entidades públicas del aparato estatal, podríamos ser mucho más competitivos, con la posibilidad de utilizar el presupuesto de la Nación para inversión y no para gastos de funcionamiento, como sucede hoy.

Comprendo la importancia de contar con mecanismos de control interno, de auditoría y de supervisión financiera-administrativa para garantizar que se apliquen los criterios de probidad, transparencia, eficacia y eficiencia, tal como se establece en las funciones de la Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, también considero que debemos implementar acciones de simplificación, por medio de la digitalización, de la automatización y de la reducción de pasos redundantes.

La participación de representantes del sector privado en las mesas interinstitucionales debe servir para proponer formas novedosas de gestión que contribuyan a hacer más eficientes las operaciones. Por ello hago un llamado a la CGC a tener la apertura para generar una mesa de trabajo conjunta con el sector privado para promover cambios positivos a favor de la eficiencia. Compartiendo buenas prácticas de gestión lograremos modernizar al Estado, y con ello incrementar la competitividad de nuestra amada Guatemala.