En la sesión del Consejo Permanente del 10 de agosto, los países de las Américas enviaron un mensaje muy claro respecto a cómo el Ministerio Público de Guatemala ha realizado acciones arbitrarias que han puesto en peligro las elecciones y por lo tanto la democracia. Este tipo de peligros no se daban en el país desde el “Serranazo” en 1993, cuando el entonces presidente, Jorge Serrano, disolvió el Congreso y la Corte Suprema, y trató de permanecer en el poder aupado por un contexto regional donde Alberto Fujimori había intentado algo similar.

El Secretario General Luis Almagro presentó el informe de su visita al país, que ocurrió del 1 al 4 de agosto, y externó intranquilidad por la criminalización al Tribunal Supremo Electoral y al partido Movimiento Semilla. En esta misma línea se pronunciaron los representantes de las Misiones de Estados Unidos, Canadá, Antigua y Barbuda, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, entre otros. Los embajadores de Colombia y de Argentina señalaron puntualmente el rol de la fiscalía -y la compararon con las de otros países-, carente de objetividad, actuando “como un partido político más”. El embajador de Estados Unidos también apuntó: “Distintas voces de Guatemala, incluyendo del sector privado y la sociedad civil han expresado su preocupación de que el Ministerio Público viola la ley electoral y el derecho constitucional”.

El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, participó en la sesión y había viajado antes a Washington DC para tratar de contener las críticas hacia Guatemala. En la sesión del 19 de julio se mencionó la idea de aprobar una resolución condenando al país por la criminalización, pero, para bajar la espuma, Guatemala invitó a Almagro con el ánimo de mostrar apertura y conciliación. En el informe, Almagro indicó que la promesa de Giammattei fue garantizar la realización de la segunda vuelta entre Torres y Arévalo y que continuara la misión de observación de la OEA hasta la entrega de mando, el 14 de enero de 2024. El Secretario General dijo que personas expertas en procesos de transición integrarán esta instancia; desde la sociedad civil se cree que sería relevante que alguien especializado en derechos humanos sea parte de ella.

Con la presencia de Búcaro y la apariencia de cautela, el Estado de Guatemala trató de normalizar la situación haciendo como que nada pasaba. Sin embargo, el solo hecho de realizar esta sesión, de que Almagro haya visitado el país y que los Estados del hemisferio se sientan motivados a promover una veeduría minuciosa es un hecho bastante inusual y causado por las acciones inoportunas del Ministerio Público, cuya jefa fue reelecta, ya sancionada por Estados Unidos, por el presidente Giammattei, el año pasado. El gobierno de Guatemala en privado trata de separarse de las acciones del Ministerio Público, lo cual no es creíble, pues las mismas voces oficiales han mostrado un irrestricto respaldo a la labor de la fiscal general, pero da un termómetro de que les afecta públicamente la vinculación.

El informe de Almagro es ya de por sí relevante y menciona que los ataques judiciales por parte de la fiscalía se han dado solamente contra el partido Semilla (13 casos) y contra ningún otro, menciona las amenazas que sufrió Arévalo y el ofrecimiento del presidente de Guatemala a asegurar el cambio de mando. Esto no es menor porque si el mismo mandatario se ve obligado a comprometerse a entregar el puesto es porque existían dudas que nunca debieron haberse despertado. Recordemos que inicialmente el partido de gobierno fue parte de los grupos que presentaron amparos cuestionando la elección y a partir de entonces se les abrió la puerta a las falsas aseveraciones de fraude.

Los países de las Américas están expectantes a que la elección de hoy se lleve a cabo sin manipulaciones. Representantes de misiones hicieron referencia a los riesgos que aún tienen los digitadores del Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales, y esperarían que el MP no actúe contra nadie, ya que, de hacerlo, se encenderían las alarmas y la resolución condenando a Guatemala podría entrar a discutirse de nuevo. El otro detalle es que el ofrecimiento de Giammattei aparentemente llegaría hasta el 20 de agosto, por lo que posteriormente se convocará a una nueva sesión del Consejo Permanente, pues a partir de entonces se abriría otro momento peligroso en donde lo más probable es que van a empujar la suspensión de Semilla, acusaciones contra miembros del partido y casos contra personal del Tribunal Supremo Electoral. Hay conciencia de que de agosto de 2023 a la toma de posesión en enero de 2024 hay un trecho largo y empedrado en donde la comunidad internacional debe continuar de cerca para evitar cualquier intento de ruptura con apariencia de legalidad.