El 22 de marzo pasado se celebró el Día Mundial del Agua. Sin embargo, debería hacerse todos los días, porque “Sin agua, no hay vida”, como titulé un trabajo al respecto en los años ochenta. La ONU ha alertado que las futuras olas de calor excederán los límites humanos y sociales futuros, que serán más frecuentes, extensas y mortales cuando el calentamiento global, uso indiscriminado, contaminación y deforestación hagan cada vez más escaso ese recurso.

Hay dos mil millones de personas que carecen de agua en el mundo, y por eso pido de nuevo a las autoridades respectivas encarar la crisis que se avecina por la poca regulación existente. Sin esta se pierde cualquier esfuerzo por lograrla. En la actualidad, en efecto hay una ley, pero se refiere sólo a situaciones específicas o de corto plazo, y, peor aún, favorece ciertos intereses. Debe, entonces, sustituirse con una que concentre las normas, tenga terminología adecuada y con ello forme un todo armónico y coherente.

La mayor parte de los países latinoamericanos, si no todos, cuentan con una ley, mientras que Guatemala, irresponsablemente, carece de ese instrumento jurídico porque en el Ministerio de Ambiente y en el Congreso de la República no existe el menor interés por aprobar alguno de los tantos proyectos que han sido presentados. Por su parte, tanto la Cepal como la ONU declararon que el acceso al agua limpia es un derecho humano esencial para el disfrute del derecho a la vida. En el mundo, actualmente no tienen acceso al agua más de 900 millones de personas; muere más de un millón y medio de niños a causa de esta situación.

En todo el mundo la riqueza económica no se traduce en abundancia del agua, sino debe ser utilizada en la forma más eficiente, y eso se logra por medio de normas obligatorias que se traduzcan en leyes. Guatemala se está quedando a la zaga. En 1977 se logró en Argentina el acuerdo para emitir una ley en cada país asistente, y por ello, en 1984, y en cumplimiento con la Constitución, envié el primer proyecto general de aguas, comentado en Prensa Libre ese año y en 1992, pero no se les ha dado importancia, por falta de una buena administración de los recursos hídricos: legislación para controlar la contaminación, y el uso de las aguas subterráneas regular, el control de potabilidad de agua para consumo humano, apertura de pozos y mantos freáticos. Toda esta situación hace urgente crear un catastro o registro y emitir un proyecto de Ley General de Agua, como me permití presentar.

En 1986 fui coordinadora del proyecto con este fin. Posteriormente han sido presentados otros y así mismo he sido invitada como asesora del tema. Los proyectos de ley sobre el agua que se encuentran en el Congreso no han prosperado porque el tema se ha politizado. Pido, entonces, no esperar nuevos proyectos, sino estudiar los existentes lo urgentemente por comisiones técnicas integradas por expertos, para luego hacérselo saber a la población y educarla sobre la importancia de cuidar el recurso más valioso para sostener la vida del ser humano.