¿En qué se parece la iniciativa de ley de promoción del empleo a la recién detenida acción para limpiar el Lago de Amatitlán? En que ninguna de las dos propuestas ha estado sujeta a un estudio serio, con expertos, y basado en el uso de estadísticas buenas. Las dos se basan en la improvisación. La nueva iniciativa de empleo ahora propuesta por la bancada Líder en el Congreso no varía gran cosa en relación con lo que el gobierno actual propuso hace meses para promover la inversión y el empleo, y que ya fue rechazada. La idea básica es la misma: hay que eliminar los impuestos y así aumenta la inversión y el empleo. No se ha demostrado que esa idea básica sea correcta, pero se asegura que ya se cuenta con una mayoría en el Congreso para aprobar los privilegios fiscales: son la pócima mágica que va a generar una gran expansión de la inversión y del empleo. ¡Trabajo y no promesas!

Pero existen evaluaciones serias sobre el tema que demuestran que esta pócima mágica, como la de Amatitlán, tampoco funciona. Una se encuentra en el trabajo reciente titulado “La eficacia de los incentivos fiscales”, publicado por el BID y preparado por Daniel Artana, economista argentino que nadie puede descalificar como persona contraria a los empresarios. Encontró que en Costa Rica y República Dominicana este tipo de privilegios favoreció a empresas que sin incentivos fiscales hubieran de todos modos realizado la inversión que se buscaba. Los impuestos sacrificados fueron un total desperdicio. También encontró que en El Salvador y la República Dominicana las empresas beneficiadas tenían, antes de contar con los incentivos, utilidades o ganancias superiores a las empresas sin incentivos que también generaban inversión y empleo. En otras palabras, sus ya altas ganancias significaban que no necesitaban incentivos para estimularlas a invertir más.

Artana también identificó riesgos que este tipo de legislación puede generar. Primero, las empresas se adaptan para mantener los beneficios como privilegios permanentes. En Guatemala simplemente cambian de nombre. Segundo, muchas empresas beneficiadas son ineficientes y están al borde de la quiebra: después de un tiempo el privilegio fiscal opera como primeros auxilios y no como estímulo a favor del desarrollo de la competitividad. Tercero, no pueden descartarse reacciones de parte de autoridades fiscales en países que son socios comerciales y que consideren que esto es competencia desleal.

Tampoco se sabe quiénes van a pagar más impuestos para compensar la reducción de ingresos tributarios generados por estos privilegios. En este caso no son Q137 millones, como los que cuesta la pócima para Atitlán, sino más de Q1 mil millones de impuestos no pagados que supuestamente generarían en torno a cien mil empleos. Y significa que el costo fiscal de generar cada empleo sería de alrededor de Q10 mil por año, a pesar de que buena parte de ese empleo se generaría de todos modos por parte de empresas que no necesitan privilegios fiscales para invertir. ¿Es esa la mejor manera de usar los escasos recursos públicos? No nos dejemos engañar por esta nueva pócima mágica.

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