La justicia parece que mantendrá una eterna deuda con la población, pues si bien es cierto que hay cierta satisfacción con los últimos casos de corrupción que han llegado a los tribunales, en el imaginario social persiste la idea de que existen muchos otros personajes que también tienen las manos manchadas con los recursos públicos malversados, debacle de la cual nadie se salva. Solo falta que se escarbe un poco más para esclarecer los yerros en los que ha incurrido la mayoría de funcionarios.

También se debe ser categórico en que mucho de ese abuso se ha debido precisamente a que en el país tampoco se puede hablar de una justicia independiente, pues los vicios inherentes a lo largo de esos procesos de designación de autoridades están llenos de triquiñuelas para burlarse de un sistema al que han llevado al borde del colapso. Por ello es que resulta difícil creer que un expresidente y su compañera de fórmula en el Gobierno guarden prisión preventiva bajo serios señalamientos penales.

Lo ocurrido hasta ahora en el ámbito judicial puede explicarse en una de las recurrentes etiquetas en las manifestaciones: “esto apenas empieza”. Y es porque se espera que de todo este movimiento de protesta se evidencie la necesidad de cambios en varias instituciones, las cuales han estado cooptadas por emisarios de oscuros intereses, lo cual debe ser desterrado, porque constituye una seria amenaza para el fortalecimiento institucional.

Baste pensar que la amenaza es latente si se recuerda el oscuro procedimiento seguido por diputados para elegir a magistrados del Organismo Judicial, de la Corte de Constitucionalidad y en todo aquello que les ha sido posible influir para prolongar sus privilegios. Es natural entonces que se reconozca cuando desde distintas judicaturas se envía el mensaje de que la justicia funciona en forma independiente, porque ello le da certeza a toda la institucionalidad y, en consecuencia, la imagen del país se ve fortalecida.

Para esto también se hace necesario que cada medida sea congruente con ese espíritu de renovación, como acaba de ocurrir en la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la sugerencia de un juez pesquisidor de no investigar a la jueza Marta Sierra de Stalling. Por el contrario, el pleno de magistrados aprobó de manera unánime despojarla de la inmunidad, para que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala puedan esclarecer su presunta relación con la red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Lo contrario ocurrió con la reincorporación de la magistrada Blanca Stalling, quien debió permanecer alejada de ese alto organismo mientras se esclarecen muchas de las denuncias, por el prestigio y la independencia con la que este debe operar.

Si bien han sido muchos los casos que han quedado en la impunidad, se percibe que el cambio es posible y que puede resurgir la mejor versión de nuestras instituciones. Esta es una tarea que no debería ser tan difícil, ya que solo requiere de que cada funcionario cumpla con su deber.