Uno de los más preocupantes indicadores es que hasta a los políticos la población les sigue importando muy poco, y a juzgar por lo que se hicieron este año, nada bueno se puede esperar para el siguiente, como se pudo constatar con una de las primeras reformas legislativas que se empujó desde el Ejecutivo y fue la Ley de Actualización Tributaria, justo lo que a su vez podría ser el primer obstáculo para el Ejecutivo en los primeros días del nuevo año cuando esa normativa cobre plena vigencia y, en consecuencia, se esperan las primeras acciones legales para entramparla.

Pero la zozobra que se ve venir con mayor certeza es la pretendida reforma a la carrera magisterial, que por más que se publiciten sus bondades no parece ser el mejor momento para su puesta en marcha, pues al final el Gobierno llega con un gran desgaste y suena más a empecinamiento esa insistencia, con lo que el Gobierno se abrió gratuitamente varios frentes con otros sectores, como incluso se lo hicieron ver al presidente la semana anterior los representantes del Grupo de los Cuatro cuando lo visitaron en la Casa Presidencial.

Sin embargo, es más preocupante la actitud oficial que en toda crítica ve enemigos, en vez de propiciar un diálogo genuino que privilegie una mayor convergencia de propuestas y de acuerdos para llevar a feliz término los cambios que sin duda la carrera magisterial necesita, pero que en este caso eso nunca ocurrió y más bien se pretendió burlar a la opinión pública con supuestas mesas de trabajo en las que abundaron los discursos, pero nunca se tomaron en cuenta las sugerencias de otros sectores, algo que hace pensar en la pobre asesoría que recibe el presidente.

El panorama se vislumbra más difícil cuando se tiene la certeza de que se hace lo correcto, como evidentemente creen en el Ejecutivo, y entonces en esas circunstancias no hay nada que corregir, si ni siquiera se atienden los síntomas de claro descontento y crispación política, como ha ocurrido durante las últimas semanas con las fuerzas representadas en el Congreso que, empezando por los oficialistas, no han dado muestras de que el país esté entre sus prioridades en la agenda legislativa y más bien afloran los intereses mezquinos que los dominan.

Penosamente, la cosa no termina allí, pues también hay que recordar que el año concluye con una especie de engaño, ya que hasta ahora no se ha podido aclarar si de verdad el Gobierno quería impulsar la aprobación de la ley de desarrollo rural o si fue más bien un juego de mutuas inculpaciones entre políticos para que al final nadie fuera responsable, pero que sin duda es otro detonante que nos espera para enero, cuando los sectores campesinos vuelvan a las calles a reclamar que se cumplan las promesas oficiales.