En su discurso de ayer, el presidente Otto Pérez Molina reiteró una vez más su decisión de no renunciar al cargo, pero también atacó de manera directa tanto al Ministerio Público como a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al asegurar que en algunas ocasiones han implantado a testigos y pruebas de las acusaciones en su contra. Además, arremetió contra integrantes del sector privado a quienes acusó de no pagar los impuestos adecuados.

En sus palabras, de casi una hora, el mandatario aseguró que sus opciones son renunciar o someterse a la justicia, y esto último es lo que va a hacer. Ello implica que tiene un criterio equivocado, porque cree que si renuncia no deberá encarar al sistema jurídico. La realidad es otra: la decisión del Congreso de quitarle el derecho de antejuicio solo adelantará la fecha en que deba comenzar el juicio por defraudación aduanera, ya en su calidad de ciudadano común y corriente.

Durante su discurso, el presidente expresó en tres ocasiones que su decisión es someterse al sistema jurídico y que pide a los guatemaltecos respetar los procesos, lo que se puede interpretar como resultado de que está seguro de que el Congreso de la República detendrá todo el proceso para no quitarle el derecho de antejuicio, para lo cual se necesitan 105 votos. Esto parece confirmarse con la imposibilidad de poder hablar con los diputados del partido Líder, ya que están en una ausencia prolongada y su elevado número los convierte en el elementos fundamentales para lograr que se inicie el juicio en que deberá demostrarse la inocencia o culpabilidad del sindicado.

Hoy se tiene programada la sesión en la que el Congreso decidirá qué hacer. A causa del clamor popular por la renuncia del mandatario y la contundencia de las pruebas presentadas por el MP y la Cicig, una decisión favorable al gobernante tiene para los diputados el altísimo riesgo de recibir el castigo de los votantes en las elecciones que se celebrarán en todo el país dentro de solamente cinco días.

Otro tema al que se refirió el presidente es el que llamó costo personal porque todo lo ocurrido ha sido lo más humillante que ha sufrido en su vida. Solicitó la presunción de inocencia y puso en duda la seriedad y el fundamento de las acusaciones, lo cual lo coloca en una posición débil. Finalmente pidió a los guatemaltecos que asistan con responsabilidad a las elecciones el domingo 6 de septiembre.

El presidente no desea ver, por lo que se evidencia, la debilidad de su posición, no solo legal sino política, así como el derrumbamiento de su papel de representante de la unidad nacional. Los instrumentos jurídicos y políticos del país están funcionando gracias a las actuaciones del MP y de la Cicig, pero también a las tan claras manifestaciones populares de rechazo a la corrupción y al abuso. Los sucesos de los últimos cinco meses, los de este fin de semana próximo y los que ocurran entre las dos vueltas electorales tienen un lugar reservado en la historia nacional porque la protesta de los ciudadanos es posible calificarla como horizontal, es decir, sin liderazgo alguno, sin planes, sino simplemente espontánea.