Donde dos o tres de ustedes estén reunidos, suban la antena y presten atención, porque “algo están tramando estos desgraciados”… —pareciera ser el rumor que deambula entre los corrillos  y corredores de cabildeo políticos. Unos, negociando el presupuesto general de la Nación más alto de la historia; otros, confabulando para el caso el Infiernito; y otros, planificando las maniobras prelectoreras para eliminar competencia.

Los sindicatos siguen tras los pactos colectivos más altos de todos los presupuestos históricos del país. Cada año logran acercarse más a la cima de un Éverest que para nadie podría ser posible, pero ahí están, ondeando la bandera de la suprema jodedera financiera hasta que la muerte fiscal nos separe para siempre. Un pacto colectivo con semejantes cargas perversas jamás permitirá el surgimiento de una burocracia profesional, meritocrática, con escalafón, como la contenida en la Ley de Servicio Civil, la cual duerme las telarañas del olvido, a propósito, y con toda la alevosía de los últimos gobiernos legislativos, dada la carga electorera que tiene y sus avatares estilo Jodiel que la defienden y controlan.

El presupuesto 2019 tiene una ampliación presupuestaria de Q962 millones para la aprobación del Pacto Colectivo de Educación. Semejante suma es producto de las negociaciones extorsionadoras de Jodiel y asociados contenidas en demandas abusivamente perversas: “¡O nos pagan o no enseñamos!” ¿Enseñar qué? Si ya de por sí estos pactos lo que han logrado es duplicar el presupuesto sin obtener mejoras educativas. De hecho, se ha reducido la cobertura de nivel primario del 95 a 78 por ciento. Peor aún, el sistema de reclutamiento de maestros no se hace por medio de evaluaciones idóneas para seleccionar a los mejores, sino a granel.

Preocupan a los expertos las anomalías del PGN 2019. Según la iniciativa 5340, en discusión en la Comisión de Finanzas del Congreso, el presupuesto tiene proyectado financiar el déficit con 18 mil 311 millones, con bonos del tesoro y créditos externos.

El otro tema es esa infame confabulación para armar el caso del Infiernito utilizando bazofia humana como testigos. Darles credibilidad a delincuentes de la peor calaña revela una inclinación retorcida y aviesa para “hacer justicia cometiendo injusticias”. ¿Miembros de las pandillas más sanguinarias como los Pasaco sentados en el estrado como testigos?

Por último, algunos comentarios sobre las próximas elecciones. La mayoría de partidos políticos han expresado preocupación porque dentro del marco de cooperación entre la Cicig y el TSE se pueda impedir la participación de candidatos sobre la base de maniobras espurias. Ya en las pasadas elecciones el Registro de Ciudadanos no inscribió a Zury Ríos, recurriendo erróneamente al artículo 186 inciso c. Una interpretación que condena a generaciones de hijos, hermanos, tíos, primos, nietos y tataranietos de su derecho de elegir y ser electo utilizando a la Constitución como excusa, ya que el fin primordial de la Carta Magna no es vedar derechos, sino otorgarlos.

El voto razonado de la magistrada María Eugenia Mijangos se basó en el respeto a los derechos humanos de cualquier ciudadano, consignados en la Carta Magna y en tratados internacionales de elegir y ser electo, así como el principio de equidad de género y la interpretación histórica de la trayectoria constitucional.

Posteriormente, la sentencia de la Corte Suprema le dio un amparo provisional, al igual que la Corte de Constitucionalidad, y pudo participar, aunque tardíamente.

No se necesita ser un experto constitucional para entender que el espíritu de nuestra Constitución jamás puede ser para condenar a generaciones de hijos, hermanos, tíos, primos, nietos y tataranietos de su derecho de elegir y ser electos.

La igualdad ante la ley es un derecho constitucional. La Carta Magna debe prevalecer.

alfredkalt@gmail.com