El presupuesto nacional para el 2019 aprobado en tercera lectura en el Congreso está diseñado para servir de piñata en el año electoral y de castigo al sector justicia y a las instituciones que han cuestionado el saqueo de los recursos del Estado. Solo de esa forma se puede entender la distribución arbitraria de recursos a manos llenas para los ministerios de Desarrollo Social, de Defensa y Comunicaciones, mientras el Organismo Judicial, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Universidad de San Carlos, entre otros, resienten el recorte de fondos que afectará sus labores el próximo año. A eso se agrega la forma discrecional con que los diputados deciden aumentar el presupuesto del Legislativo de Q767.9 millones a Q792 millones, con el cual buscan cumplir con los ofrecimientos que hizo Álvaro Arzú Escobar para alcanzar los votos para ser reelecto como presidente de ese organismo.