Una de las conclusiones más importantes del proyecto de consulta integral del Instituto de Desarrollo de Corea del Sur bajo el programa de intercambio de conocimientos presentadas en abril de este año, ha sido que en Guatemala existe una desvinculación entre el Plan de Desarrollo y el Presupuesto de la Nación. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) es el órgano de planificación del Estado, establecida como una institución de apoyo a las atribuciones de la Presidencia de la República. A pesar de lo que se quiere aparentar, Segeplan navega en solitario dentro del aparato estatal. Ninguno de los presidentes le ha dado la importancia que esta institución se merece.

En agosto del 2014 el gobierno de Otto Pérez Molina presentó el Plan K’atun, que se venía elaborando desde 1996 bajo la conducción de Segeplan y, aunque perfectible, recoge elementos vitales para direccionar a Guatemala en la senda del desarrollo, dado que hemos sido bendecidos con tener un país con gran potencial. Al presidente actual, quien llegó al Gobierno sin un plan ni programa debidamente articulado, desde diferentes instancias le sugerimos que se apegara a este plan para conducir un buen gobierno. Al principio aceptó hacerlo, pero a las pocas semanas cambió de parecer, pues llegó con la agenda capturada y consensuada por los grupos de poder. A la presentación de estas conclusiones no llegó ninguna autoridad con poder de decisión, se quedó nuevamente como un ejercicio teórico por parte de los cooperantes. Por otro lado, el Organismo Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, prepara y presenta ante el Congreso el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. El 2 de septiembre es el plazo, de acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Las instituciones entregan formalmente sus anteproyectos de presupuesto a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Esto debe suceder antes del 15 de julio de cada año, de acuerdo al artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. El Congreso deberá aprobar el presupuesto, teniendo como fecha última el 30 de noviembre, si no lo hace, queda automáticamente vigente el presupuesto del año anterior.

El techo para este año se plantea en Q88 mil 994 millones, con un incremento del 16% en relación al año anterior. El problema es que no se basa en programas y proyectos debidamente diseñados que sean consistentes con las estrategias de desarrollo institucional y sectorial, sino son pedidos antojadizos y en la mayor parte gastos de funcionamiento ya fijos. Tenemos una programación de inversión pública limitada o inexistente: muchas asignaciones no se llevan a cabo de acuerdo con un plan estable, sino más bien de acuerdo con demandas aisladas, de modo que no hay programación multianual. La articulación entre el Plan K’atun y los mecanismos para elaborar y ejecutar el Presupuesto de la Nación tiene que ocurrir más temprano que tarde, pero hay una recia oposición de la “vieja política” que se resiste a cambiar. Hay debilidades identificadas en la planificación y la vinculación presupuestaria. Hubo un intento en el 2006, en el que 20 partidos políticos se pusieron de acuerdo para impulsar políticas públicas en cuatro temas prioritarios definidos: Seguridad democrática y justicia, desarrollo rural, educación, y salud y nutrición, independientemente del partido que llegara al gobierno. Fue abortado cuando la campaña electoral del 2007 tomó fuerza.

No podemos continuar con un presupuesto orientado hacia gastos de funcionamiento y no de inversión. Debe existir un pacto político que permita que la estructura gubernamental actual cambie, para poder alinearla al plan mediante la elaboración de programas y proyectos que permitan el desarrollo del país y así aprovechar las potencialidades de la nación.

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