Es sabido que todo desequilibrio en el balance de poderes conduce a desagradables consecuencias y la historia está llena de episodios sobre cómo el empoderamiento de algún sector termina afectando a toda la sociedad, socavando las instituciones, la democracia y elementales posibilidades de convivencia.

El Congreso ha dado pasos osados en esa dirección, y si no se detiene su desbocada marcha, de la mano del Pacto de Corruptos, van a desatar una nueva crisis, porque ya acumulan demasiados abusos en contra de diferentes sectores, como ocurre ahora con la aprobación del presupuesto general de gastos para el 2019, una herramienta que en vez de servir para planificar el desarrollo social se está convirtiendo en instrumento de castigo para quienes ellos ven como enemigos.

El primer sector castigado fue el universitario, al que se le han escamoteado los recursos y se le busca todavía hacer mayor daño con un mayor recorte de fondos, aun y cuando no se le asigna lo que constitucionalmente le corresponde, y es claro que ese ha sido un sector crítico contra la actual clase política.

Otro sector que ha engrosado la lista de víctimas del Pacto de Corruptos es el Organismo Judicial, que también enfrenta la disposición de los diputados de un recorte en su asignación para el próximo año, por ser también uno de los sectores en los que pequeñas muestras de independencia han asustado a quienes han convertido los cargos en una fuente de enriquecimiento ilícito.

A ellos se une la Corte de Constitucionalidad, cuyos magistrados mayoritariamente han demostrado independencia, aunque al Pacto de Corruptos no parece bastarle con la inclinación de cérvix de dos de sus integrantes y la independencia con la que han actuado se ve como una amenaza para la práctica del pillaje en la administración pública.

La mayor venganza diputeril se busca cometer contra la Procuraduría de Derechos Humanos, cuyo titular ha sido uno de los más críticos, no solo contra los abusos en el Congreso, sino contra los afanes del Ejecutivo por entorpecer la lucha contra la corrupción, en un país marcado por los mayores indicadores de impunidad en el mundo.

A ellos se une un sector históricamente abandonado y castigado, aun por sus propias autoridades, como es el de la Salud, cuyos integrantes han sostenido una protesta por varias semanas y su reclamo por la reivindicación salarial no ha sido atendido ni respaldado adecuadamente por quienes deberían velar por su bienestar.

El manoseo de los recursos para el próximo plan de gastos ha provocado un sitio sobre el Congreso por parte del gremio magisterial, que temeroso o advertido de algún posible retroceso en su asignación ha salido a protestar y a presionar a los diputados para que no menoscaben sus privilegios.

Un cuadro de mucha preocupación para un país sumido en una de sus peores crisis, instigada en buena parte por el Pacto de Corruptos, que se extiende a otros órganos de poder, con el único objetivo de que se fortalezca el imperio de las mafias y para lo cual ahora se utiliza la asfixia económica contra quienes han mostrado un mínimo de independencia ante el generalizado abuso de poder.